¿Del presidencialismo hacia una democracia de mayoría presidencial?
Después del fin de la Revolución mexicana, sin duda muchos historiadores se habrán preguntado: ¿hemos pasado de dictadura a democracia? Si observamos la historia de México de 1929 a 2000, no dudaremos en negar esta pregunta.
De acuerdo al análisis de Lijphart, la primera condición que permite catalogar a un sistema político − ya sea en un modelo de mayoría o de consenso − es la forma del sistema de partidos. En el sistema político de México, según mi punto de vista, hay dos elementos importantes que avalan la teoría de Lijphart: primero, México cuenta con un sistema unipartidista, por lo que se trata de un modelo de mayoría. No está de más mencionar que el PRI fue fundado desde el principio por una élite política. El segundo elemento más importante es el hecho de que la población mexicana se compone por aproximadamente 60 por ciento de indígenas, cuyos idiomas, dialectos y tradiciones se encuentran fuertemente arraigados. Esta población indígena ha sido siempre discriminada e ignorada por el partido-estado elitista.
Esto exige invariablemente que una sociedad tan mixta, plural y heterogénea como la de México, necesite de un sistema multipartidista, y no de un unipartidista. El hecho que una sociedad heterogénea haya sido gobernada por un sólo partido durante 71 años, deja en claro que el sistema político de México − hasta antes del año 2000 − no podía llamarse “Democracia de Mayoría” sino “Dictadura de Mayoría”.
A todo esto podemos preguntarnos: ¿qué nos trajo la Revolución? Indudablemente, gracias a la Revolución hubo muchos cambios en el país, pero básicamente cambiamos del Porfiriato a una “Dictadura de Mayoría.”
El cambio-evolución de tres variables:
1. El sistema de partidos
A lo largo del Siglo XX, no fueron solamente los intereses de las clases sociales más bajas y de los indígenas los que fueron ignorados, sino también los de la clase media, aunque a menor grado. Esto ocasionó inevitablemente que el dominio y la casi-dictadura de un único partido crecieran de forma acelerada. En las elecciones presidenciales del año 1994 (ver gráfica en la cuarta parte de esta serie), el número de votos a favor del PAN se elevó de 1988 a 1994, esto es, del 16.79 por ciento al 27 por ciento. No está de más mencionar que en 1994, las elecciones fueron calificadas, por primera vez, como “limpias”.
En aquella ocasión tuvo lugar en la historia de México una contienda electoral auténtica y real. El camino de un sistema unipartidista hacia un multipartidista había comenzado. Con la pérdida del PRI de su mayoría en el Congreso en las elecciones de 1997, se pudo calificar el sistema de partidos de México como multipartidista.
Resumiendo, podemos decir que el principio del proceso de democratización empezó en el año 2000 con el triunfo electoral del PAN.
2. La concentración de poder en el presidente y su relación con los órganos ejecutivo y legislativo
Después del sistema unipartidista, el poder casi ilimitado del presidente es la causa de la inexistencia de una democracia verdadera. El acceso de los partidos de oposición en el Congreso de la Unión en el año 1997, limitó de forma positiva el poder del presidente. Según mi opinión, un cambio urgente a realizarse, con el fin de disminuir el poder del presidente, son las limitaciones de poder y las reparticiones de facultades con los otros órganos estipulados en la Constitución. Paradójicamente, el único que puede realizar estos cambios es el presidente mismo.
Desde el comienzo del mandato del presidente Vicente Fox en el año 2000, la aún fuerte minoría priísta en el Congreso de la Unión, no ha reaccionado a este cambio de partido de manera positiva. El hecho de que los diputados priístas, los llamados “dinosaurios”, no estén acostumbrados a trabajar de forma cooperativa, y que la vieja escuela autoritaria del PRI siga incrustada, evitan y obstaculizan, por ejemplo, la elaboración de una agenda de trabajo.
A raíz de esto, muchos de los miembros del partido panista le reprocharon al presidente Fox que él permitiera la presencia de tantos diputados priístas en el Congreso. Sin embargo, la exclusión de dichos diputados hubiera sido una contradicción a la frase tan propagada en su campaña: “Cooperación y trabajo conjunto de los partidos”. ¿Es el no despedir a diputados priístas, pese a su comportamiento, la apertura hacia el camino del semi-parlamentarismo? Visto desde un punto de vista realista, pasarán muchos años antes que el Congreso mexicano esté preparado para una transformación del funcionamiento mayoritario a una base de consenso, tan desconocido para los miembros priístas.
El hecho de que el poder del presidente persista a costa de los órganos legislativo y federal, fue estipulado en la Constitución de 1917, gracias a una propuesta hecha por Venustiano Carranza (explicada en la segunda parte de esta serie).
La Constitución mexicana denomina como imprescindible la independencia de ambos órganos del ejecutivo. Esta condición realmente nunca fue practicada al máximo. Ya antes del gobierno de Fox, había sido introducida por el presidente Ernesto Zedillo una reforma a la administración de justicia, la cual cambió de forma significativa y positiva la existencia del órgano judicativo.
• En 1994 la Suprema Corte fue desintegrada, seguida de la creación de una nueva.
• En 1996 surge el Instituto Federal Electoral y se vuelve parte integral del Poder Ejecutivo.
• En 1998 se crea una extensión del Poder Ejecutivo, la cual tiene como tarea principal resolver los casos ligados a la “inejecución de sentencias”.
• En 1998 se crea el Consejo de Judicatura Federal, cuya tarea es controlar la administración y realización del órgano judicativo (anteriormente, esta era una tarea propia del ejecutivo).
• En 1999 el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se propuso como meta “restaurar el estado de derecho, la jurisdicción, y la legitimidad de la justicia en México”.
3. ¿De semi-federalismo a federalismo?
En lo que respecta al federalismo, descrito en la tercera parte de esta serie, la República Mexicana es un estado federal. El presidente Fox, introdujo a principios de su sexenio una reforma del federalismo, a través de la “distribución equitativa de medios financieros”.
Durante toda la hegemonía priísta, ninguno de los gobernadores estatales publicó cifras de gastos públicos; sólo el Presidente de la República tenía acceso a esta información. Esto contribuyó a un alto grado de corrupción y a la falta de transparencia. A partir del año 2001 esto cambiaría, puesto que los gobernadores estatales de toda la república estarían obligados a presentar una declaración pública de sus gastos públicos.
Estas transformaciones en la vida política de México son observadas por algunos de manera escéptica. No obstante, un aspecto que podemos dar como seguro, es que una estructura vieja de 71 años, corporativa, corrupta y dictadora no puede ser cambiada en seis años.
La transformación de una “Dictadura Presidencial” a una “Democracia de Mayoría Presidencial”, puede ser vista como iniciada. Transcurrirán de dos a tres sexenios, por lo menos, hasta que se pueda hablar de México como una democracia consolidada.
Conviene destacar que a este tipo de transformaciones se les llama transición. Debido a que apenas hace seis años el proceso de democratización comenzó a tocar suelo mexicano, una comparación con un modelo de Democracia de Consenso, como por ejemplo el de Alemania o la Unión Europea, resulta por ahora casi imposible.
Sin embargo, el análisis y comparación del sistema político mexicano con un modelo de Democracia de Mayoría resultará más fácil en los próximos años.
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