¿Qué tipo de castigo merece una persona que deliberadamente hace explotar un edificio público matando a 168 personas? ¿Qué sentencia es adecuada para sancionar al responsable de una acción de tal magnitud? De acuerdo a las leyes estadounidenses, y al veredicto emitido por el jurado asignado a este caso, Timothy McVeigh, el autor de este crimen de tan horrenda dimensión, debe morir por el devastador acto terrorista.
McVeigh, culpable del atentado terrorista más mortal cometido en suelo estadounidense, está de acuerdo con su sentencia, ha renunciado a su derecho de apelación, y afirma estar listo para ser ejecutado mediante una inyección letal.
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Este enigmático asesino convicto no ha dado muestra de la más mínima contrición por la muerte de los 149 adultos y 19 niños, ni por las heridas causadas a centenares de personas. Lo único que lamenta es que el estallido no logró derribar por completo el edificio gubernamental.
Asimismo, el que fuera soldado y sargento en la Guerra del Golfo Pérsico, ha confesado su mortífero crimen: haber detonado un camión-bomba frente al edificio federal Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma, el 19 de Abril de 1995, justamente dos años después del también devastador desenlace en Waco, Texas, en donde David Koresh y las decenas de miembros de su secta religiosa perecieron en un incendio apocalíptico, cuando las autoridades trataban de terminar con un prolongado atrincheramiento.
La fecha no fue una coincidencia. Timothy McVeigh, de 32 años de edad, la escogió porque su motivación era enviar un mortífero mensaje y “castigar” al gobierno federal por lo que él consideró una creciente intimidación del Estado en contra de sus ciudadanos. La lógica de su odio lo llevó a concluir que la mejor manera de ventilar su resentimiento era destruir instalaciones gubernamentales y matar a empleados federales, y comenzar así una revolución en contra del gobierno.
Aunque la fecha original de su ejecución estaba programada para el 16 de mayo, ésta ha sido postergada hasta el 11 de junio, debido al inusitado surgimiento de una grave irregularidad jurídica causada por el FBI, no hay duda acerca de la culpabilidad del “Bombardero de Oklahoma”, ni de que su vida culminará en una prisión federal en el estado de Indiana.
El crimen y la sentencia han atizado la intensidad de la polémica acerca de la pena de muerte en Estados Unidos. Defensores y contendientes de la pena capital se han parapetado en sus posiciones, pero casi un setenta y cinco por ciento de la opinión pública norteamericana están de acuerdo en que McVeigh debe morir por el ataque.
Pero cuando este confeso criminal emita su último aliento sobre la camilla en la que se le administrará la inyección letal, la sociedad no estará más cerca ni más lejos de llegar a un consenso acerca de qué clase de castigo es más efectivo y moral para un ser humano que fue capaz de premeditar y llevar tan mortal agresión.
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