La masacre de Dos Erres dejó más de 200 muertos y marcó la guerra civil guatemalteca.
Puntos clave
• Varios exkaibiles vinculados con Dos Erres fueron localizados en Estados Unidos.
• Estados Unidos procesó a varios por delitos migratorios y de naturalización.
• Guatemala, Estados Unidos y Canadá llevaron casos ante sus tribunales.
PHOENIX — La deportación a Guatemala de un exmilitar guatemalteco desde Estados Unidos en mayo de 2021 se sumó a las de otros antiguos integrantes del Ejército localizados en ese país y vinculados con la masacre de Dos Erres, una de las peores matanzas de civiles cometidas durante el conflicto armado guatemalteco.
José Mardoqueo Ortiz Morales, exmiembro de la unidad de élite del Ejército de Guatemala conocida como los Kaibiles, fue deportado a Guatemala el 7 de mayo de 2021 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Las autoridades guatemaltecas lo buscaban por su presunta participación en la masacre de Dos Erres, en la que fueron asesinados más de 200 pobladores desarmados, entre ellos mujeres y niños.
En agosto de 1988, Ortiz Morales ingresó ilegalmente a Estados Unidos tras cruzar la frontera internacional desde México hacia Texas. Posteriormente regularizó su situación migratoria y obtuvo la residencia permanente legal el 1 de diciembre de 1990. Vivió durante años en Maryland, donde fue detenido por autoridades federales en enero de 2017 después de una investigación sobre su presunta participación en abusos contra los derechos humanos y las declaraciones que había proporcionado a las autoridades migratorias. Ese mismo año se declaró culpable de intentar obtener ilegalmente la naturalización estadounidense y fue sentenciado a 11 meses y medio de prisión. Tras cumplir la condena, Ortiz Morales quedó sujeto a un proceso migratorio y, el 13 de noviembre de 2019, un juez de inmigración ordenó su expulsión a Guatemala. La deportación se concretó en mayo de 2021.
A su llegada a Guatemala, Ortiz Morales fue detenido para enfrentar cargos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad relacionados con la masacre. En octubre de 2021, un juzgado ordenó que enfrentara juicio. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2023, el Tribunal de Mayor Riesgo E absolvió a Ortiz Morales, Gilberto Jordán y Alfonso Bulux Vicente de los cargos relacionados con la masacre de Dos Erres. Representantes de las víctimas apelaron la sentencia, pero en mayo de 2024 la Sala Segunda de Mayor Riesgo rechazó por mayoría la apelación y confirmó la absolución de los tres exkaibiles.
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La masacre de Dos Erres
La masacre de Dos Erres, una de las peores matanzas de civiles perpetradas por fuerzas estatales durante el conflicto armado interno de Guatemala, ocurrió en diciembre de 1982 en Dos Erres, una remota comunidad campesina en la selva del Petén, en el norte de Guatemala. Meses antes, una emboscada de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en una población cercana había dejado 20 soldados muertos, y los insurgentes se habían apoderado de una veintena de fusiles militares. En busca de esas armas, el Ejército envió a Dos Erres una patrulla especial de unos 20 kaibiles, apoyada por aproximadamente otros 40 efectivos que establecieron un perímetro alrededor de la comunidad.
Las autoridades guatemaltecas acusaron a Ortiz Morales de ser uno de los kaibiles enviados a Dos Erres en busca de los insurgentes responsables de la emboscada guerrillera y de los fusiles robados.
Después de obligar a los habitantes de la comunidad a salir de sus hogares para interrogarlos, los kaibiles no encontraron presuntos guerrilleros ni el armamento robado.
Las fuerzas estatales procedieron a asesinar sistemáticamente a los pobladores de Dos Erres, comenzando por los niños. Según testigos, en el transcurso de dos días los kaibiles golpearon a sus víctimas y arrojaron sus cuerpos al pozo de la aldea. A otros les dispararon o estrangularon; muchas mujeres y niñas fueron violadas. Después, la comunidad fue arrasada por completo. Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 9 de diciembre de 1982.
Aproximadamente 12 años después de la masacre de Dos Erres, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó el pozo de 40 pies de profundidad de la aldea, recuperando 162 esqueletos, entre ellos 67 correspondientes a niños menores de 12 años.
La matanza se perpetró durante el régimen del expresidente de Guatemala Efraín Ríos Montt, quien en 2013 fue condenado por un tribunal guatemalteco a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad. La sentencia fue anulada después por la Corte Constitucional y un nuevo juicio no había concluido cuando Ríos Montt murió en abril de 2018, por lo que el tribunal archivó el caso.
Al momento de la masacre el gobierno de Guatemala llevaba a cabo la llamada doctrina de seguridad nacional, una política que subordinaba amplios sectores del aparato estatal al poder militar con el argumento de combatir la amenaza comunista durante la Guerra Fría. La doctrina aumentó la presencia del poder militar para hacer frente a la subversión y cualquier oposición al Estado.
Otros exmilitares guatemaltecos localizados en Estados Unidos
El caso de Ortiz Morales no fue el único. Otros exmilitares guatemaltecos vinculados con la masacre de Dos Erres, Pedro Pimentel Ríos, Santos López Alonzo, Gilberto Jordán y Jorge Sosa Orantes, fueron localizados viviendo en Estados Unidos y posteriormente enfrentaron procesos migratorios o judiciales relacionados con su pasado militar.
Pedro Pimentel Ríos: de California a una condena en Guatemala
Pedro Pimentel Ríos fue deportado a Guatemala en julio de 2011 para enfrentar a la justicia por su participación en la masacre. El exmiembro del Ejército guatemalteco vivía y trabajaba en Santa Ana, California, mientras era buscado en Guatemala por su papel en la matanza como integrante de la unidad de élite de los Kaibiles.
En 2010, ICE acusó a Pimentel Ríos ante un tribunal de inmigración de estar sujeto a deportación por haber asistido o participado en ejecuciones extrajudiciales durante la masacre de 1982. Tras su deportación, fue juzgado en Guatemala y en 2012 recibió una condena de 6,060 años de prisión por asesinato y delitos contra los deberes de humanidad relacionados con la masacre.
Santos López Alonzo: deportado dos veces de Estados Unidos
Santos López Alonzo fue trasladado a Guatemala en 2016. El excomando de la unidad de élite del Ejército guatemalteco de los Kaibiles era buscado en su país natal por cargos criminales relacionados con su participación en la masacre de Dos Erres.
López Alonzo fue arrestado originalmente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en 1999, en Texas. Posteriormente se ordenó su deportación y fue trasladado a Guatemala en junio de ese mismo año. El exkaibil volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos en 2010, pero fue arrestado en Houston. En el momento de su detención carecía de estatus legal en el país, por lo que fue procesado penalmente por reingreso después de una deportación y sentenciado.
Un tribunal de California designó a López Alonzo como testigo material en una investigación sobre las acciones de otro exkaibil localizado en Estados Unidos, Jorge Sosa Orantes. Tras la condena de Sosa en octubre de 2013 por fraude de naturalización, a López Alonzo se le retiró la designación como testigo material y fue transferido nuevamente a la custodia de ICE, que restableció su orden de deportación anterior.
Tras ser enviado a Guatemala en 2016, López Alonzo fue juzgado y condenado en 2018 a 5,160 años de prisión por su participación en la masacre.
Gilberto Jordán: de una confesión en Estados Unidos a una absolución en Guatemala
Gilberto Jordán fue trasladado a Guatemala en marzo de 2020. El exmiembro del Ejército guatemalteco era buscado por las autoridades de su país por su participación en la masacre de Dos Erres.
Jordán había emigrado a Estados Unidos y, tras obtener estatus legal como residente permanente, solicitó la ciudadanía estadounidense en septiembre de 1996. Durante el trámite de naturalización negó falsamente haber sido miembro del Ejército o cometido delitos por los que no había sido arrestado. Prestó juramento como ciudadano estadounidense en 1999.
Investigaciones posteriores llevaron a su arresto en 2010 por no revelar su servicio militar ni su participación en los asesinatos cuando llenó el formulario para solicitar la ciudadanía. Jordán se declaró culpable y admitió ante la justicia estadounidense que había sido un kaibil y que había participado en la masacre de Dos Erres. También reconoció que la primera persona que mató en Dos Erres fue un bebé, al que arrojó al pozo de la comunidad.
Jordán fue sentenciado en septiembre de 2010 a 10 años en una prisión federal y posteriormente perdió su ciudadanía estadounidense. Después de cumplir la condena fue deportado a Guatemala en marzo de 2020 para enfrentar a la justicia de ese país.
El 7 de noviembre de 2023, el Tribunal de Mayor Riesgo E absolvió a Jordán, José Mardoqueo Ortiz Morales y Alfonso Bulux Vicente de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad relacionados con Dos Erres. La absolución contrastó con la admisión que Jordán había hecho años antes ante la justicia estadounidense sobre su participación en la masacre. Representantes de las víctimas impugnaron el fallo, pero en mayo de 2024 la Sala Segunda de Mayor Riesgo rechazó por mayoría la apelación y confirmó la sentencia absolutoria.
Jorge Sosa Orantes: un nuevo fallo en Canadá en 2026
El caso de Jorge Vinicio Sosa Orantes tuvo un nuevo giro judicial en 2026. El exoficial kaibil había obtenido tanto la ciudadanía canadiense como la estadounidense y durante décadas enfrentó procesos migratorios y judiciales relacionados con su pasado militar, hasta que una corte federal de Canadá determinó que había obtenido fraudulentamente la ciudadanía canadiense y lo declaró inadmisible por su vinculación con crímenes de lesa humanidad.
Sosa Orantes salió de Guatemala en 1985 y solicitó asilo en Estados Unidos, alegando que huía de la guerrilla guatemalteca. Cuando se le negó el asilo, se trasladó a Canadá, donde obtuvo la residencia permanente en 1988 y la ciudadanía canadiense en 1992.
Más tarde se casó con una estadounidense, obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos y solicitó la naturalización. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2008. Sosa Orantes trabajó como instructor de artes marciales en el condado de Riverside, California.
Las autoridades federales registraron su casa en 2010, pero Sosa había viajado a México y posteriormente a Canadá, donde fue arrestado en enero de 2011. Canadá lo extraditó a Estados Unidos ese mismo año para enfrentar cargos relacionados con fraude de naturalización.
Sosa Orantes había sido subteniente del Ejército durante la masacre de Dos Erres. En su juicio en Estados Unidos, Gilberto Jordán testificó que Sosa disparó su rifle y arrojó una granada contra los pobladores que gritaban desde el interior del pozo. Un jurado federal lo declaró culpable en 2013 de fraude relacionado con su naturalización y en 2014 fue sentenciado a 10 años de prisión y despojado de la ciudadanía estadounidense. Finalmente cumplió alrededor de cinco años de prisión federal y regresó a Canadá en 2020.
Más de una década después de su primer arresto en Canadá, el caso volvió a los tribunales de ese país. El 5 de febrero de 2026, el juez Roger R. Lafrenière, de la Corte Federal de Canadá, determinó que Sosa Orantes había obtenido la ciudadanía canadiense mediante declaraciones falsas o fraude. El tribunal también concluyó que existían fundamentos razonables para considerar que había cometido actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad por su participación en la masacre de Dos Erres y lo declaró inadmisible en Canadá.
La sentencia canadiense determinó, con base en testimonios y otras pruebas presentadas durante el proceso, que Sosa participó directamente en asesinatos de pobladores y ayudó a sus subordinados a cometer otros homicidios como parte del ataque contra la población civil de Dos Erres. La decisión lo dejó sujeto a expulsión de Canadá.
Sin embargo, a septiembre de 2026 no está claro dónde se encuentra Sosa Orantes. El proceso canadiense se realizó en su ausencia. Aunque había declarado ante la corte que residía en Alberta, durante el proceso surgió evidencia de que no se encontraba en Canadá. Su paradero continúa sin conocerse públicamente.
Jorge Vinicio Sosa Orantes fue condenado en Estados Unidos por fraude de naturalización y posteriormente regresó a Canadá. En febrero de 2026, una corte federal canadiense determinó que obtuvo fraudulentamente la ciudadanía de ese país y que existían fundamentos razonables para considerar que cometió crímenes de lesa humanidad por su participación en la masacre de Dos Erres. Su paradero actual no se conoce públicamente.
Décadas de procesos judiciales por la masacre de Dos Erres
El trabajo de ICE para investigar a los exkaibiles localizados en Estados Unidos contó con el apoyo de la Unidad Contra Violadores de los Derechos Humanos y Crímenes de Guerra de ICE, creada en 2009 para promover el trabajo de la agencia para identificar, rastrear y enjuiciar a personas vinculadas con violaciones de los derechos humanos. La unidad está integrada por agentes, abogados, especialistas en inteligencia e investigación, historiadores y analistas.
Entre 2011 y 2018, tribunales guatemaltecos realizaron tres procesos que culminaron con la condena de seis exkaibiles por la masacre de Dos Erres. Cuatro fueron condenados en el primer juicio de 2011; posteriormente fueron condenados Pedro Pimentel Ríos, en 2012, y Santos López Alonzo, en 2018.
El proceso contra Ortiz Morales, Jordán y Bulux Vicente produjo un resultado diferente. Los tres fueron absueltos en noviembre de 2023 y, en mayo de 2024, una sala de apelaciones confirmó el fallo absolutorio.
En Guatemala, la búsqueda de justicia por Dos Erres forma parte de los esfuerzos por esclarecer centenares de masacres cometidas durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), establecida con respaldo de las Naciones Unidas, calculó que alrededor de 200,000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto.
Tanto el Ejército como las fuerzas insurgentes cometieron crímenes contra la población civil. No obstante, la CEH atribuyó a las fuerzas estatales y grupos paramilitares relacionados el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas durante el conflicto. La comisión también registró 626 masacres atribuidas a fuerzas estatales.
Más de cuatro décadas después de la destrucción de Dos Erres, las consecuencias judiciales de la masacre continúan extendiéndose más allá de Guatemala. Estados Unidos utilizó sus leyes migratorias y de naturalización para procesar a varios exkaibiles que habían vivido en su territorio, mientras que una corte federal de Canadá determinó en 2026 que Jorge Sosa Orantes había obtenido fraudulentamente la ciudadanía canadiense y lo declaró inadmisible por su vinculación con crímenes de lesa humanidad. Las condenas, absoluciones y procesos migratorios acumulados desde entonces muestran que el caso de Dos Erres continúa abierto en distintos frentes judiciales internacionales.
ENLACE EXTERNO → La larga sombra de Dos Erres (Archivo de Seguridad Nacional )
Nota editorial: este artículo fue publicado originalmente en mayo de 2021. Fue revisado y actualizado ampliamente en septiembre de 2026 para incorporar información judicial posterior sobre los exmilitares mencionados y precisar sus procesos migratorios y judiciales en Estados Unidos, Guatemala y Canadá.
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