(Phoenix, Arizona) — El 20 de enero de 2025, tras tomar posesión de su cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que clasifica a ciertos cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
Esta controvertida aunque esperada decisión, que emplea herramientas diseñadas para combatir a grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, tiene como propósito redefinir la estrategia contra el narcotráfico, con implicaciones de largo alcance para ambos lados de la frontera.
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Un cambio en las reglas del juego
La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas le confiere al gobierno de Estados Unidos poderes más amplios para enfrentarlos, entre lo que se incluyen:
Intervención militar directa: Este estatus permite el uso de fuerzas armadas estadounidenses contra líderes e infraestructura de los cárteles, lo que en teoría podría incluir operativos especiales o ataques aéreos.
Sanciones financieras paralizantes: El Departamento del Tesoro de EE. UU. puede congelar activos relacionados con los cárteles y restringir transacciones financieras, asfixiando sus operaciones económicas.
Procesos legales más estrictos: Proveer apoyo material a estas organizaciones podría derivar en severas consecuencias penales bajo las leyes antiterrorismo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de firma en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el lunes 20 de enero de 2025.
El impacto en México: soberanía bajo presión
La decisión genera tensiones inmediatas con México, un país que enfrenta un complejo dilema entre proteger su soberanía y colaborar con su vecino del norte.
Una de las mayores preocupaciones radica en el riesgo de operaciones militares unilaterales en suelo mexicano. Aunque la orden ejecutiva no lo establece de manera explícita, este precedente podría justificar futuras incursiones. La historia reciente recuerda cuando, en 2019, Trump insinuó el uso de drones para atacar a los cárteles, desatando un enérgico rechazo del gobierno mexicano.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como un “ataque a la soberanía que exige prudencia y diálogo”. En sus declaraciones, subrayó que la lucha contra el narcotráfico debe abordarse desde una perspectiva de cooperación mutua, no de confrontación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el 8 de enero de 2025 en conferencia desde el Palacio Nacional que el país es “gobernado por el pueblo”, tras acusaciones del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, de que México está controlado por cárteles.
Las finanzas de los cárteles mexicanos en la mira
La posibilidad de congelar activos y desarticular redes financieras podría debilitar la capacidad operativa de los cárteles. Sin embargo, expertos advierten que estas acciones no atacan las causas profundas del narcotráfico: la desigualdad, la corrupción y la insaciable demanda de drogas en Estados Unidos.
Los datos no mienten. Los cárteles generan miles de millones de dólares anuales, controlando no solo el tráfico de drogas como fentanilo y metanfetaminas, sino también redes de extorsión, trata de personas, el robo de combustible y lavado de dinero. Esta maquinaria económica demuestra la magnitud del desafío.
Riesgo de una escalada violenta
Tratar a los cárteles como grupos terroristas podría intensificar la violencia en ambas naciones. En México, el 60% de los homicidios estuvieron vinculados al crimen organizado en 2023. Una intervención militar o sanciones más agresivas podrían desencadenar represalias brutales, aumentando el riesgo para la población civil.
Por el contrario, quienes defienden esta medida argumentan que es una respuesta necesaria ante un problema que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Señalan que enfoques similares han funcionado contra grupos terroristas internacionales y confían en que los mismos principios se apliquen con éxito contra los cárteles.
¿Solución definitiva o una apuesta peligrosa?
La designación de los cárteles mexicanos como “terroristas globales” marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, su efectividad dependerá de si ambas naciones logran mantener un equilibrio entre firmeza y cooperación.
Queda en el aire una pregunta clave: ¿es esta la estrategia correcta para enfrentar un problema tan complejo y arraigado, o estamos ante una política que podría desatar consecuencias impredecibles?
Por ahora, el tiempo y las acciones determinarán si este giro histórico logra los objetivos planteados o si, por el contrario, profundiza la ya tensa relación entre México y Estados Unidos.
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