Las protestas en Colombia y la represión oficial van de la mano en el actual contexto sociopolítico de una huelga nacional que se vive en el país sudamericano de más de 50 millones de habitantes, miles de los cuales han salido a las calles a demostrar su descontento con el gobierno de su presidente, Iván Duque Márquez.
Desde finales de abril, en Colombia se vive un ambiente volátil a pesar de que la mayoría de las protestas se han hecho pacíficamente. La violencia ha cobrado la vida de al menos dos docenas de personas y centenares más han resultado heridas, de acuerdo al gobierno colombiano.
La Defensoría del Pueblo de Colombia, un organismo constitucional autónomo, afirma haber confirmado por lo menos 42 fallecidos durante las protestas.
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Amnistía Internacional, entre otras organizaciones que abogan por los derechos humanos, se han pronunciado en contra de la violencia y los abusos en Colombia, mientras afirman que el número de muertos es mayor al oficial.
“Desde el 28 de abril se han reportado decenas de muertos, centenares de heridos y desaparecidos, actos de tortura sexual y escenas de horror en medio de la represión de manifestaciones mayoritariamente pacíficas, sin que el gobierno de Iván Duque reconozca públicamente estas violaciones a los derechos humanos”, denunció en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Guevara-Rosas añadió que ataques de civiles armados, algunos perpetrados en presencia de la policía, contra comunidades indígenas como Minga en la ciudad de Cali, reflejan “la incesante dinámica de violencia en Colombia que se ha acentuado durante las protestas sociales relacionadas con la Huelga Nacional”.
Las manifestaciones del pueblo estallaron el 28 de abril en respuesta a la propuesta del gobierno de Colombia de una reforma tributaria que habría incrementado los impuestos a los servicios públicos, los sueldos, las pensiones y el combustible. La propuesta fue descartada por el gobierno posteriormente.
El malestar social se ha ahondado más allá del tema del alza de impuestos para incluir demandas sociales más profundas que incluyen un trato justo para su población indígena y afrolatina.
De acuerdo a estadísticas de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera se componía de 4,671,160 personas, esto es, el 9.34% de la población total de Colombia.
Protestas en Colombia comenzaron en 2019
Más recientemente, a finales de 2019, Colombia vivió otro periodo de fuertes protestas por demandas sociales como el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016 para desmovilizar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño, el principal líder de las (FARC), llegaron al acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016.
Las protestas de 2019 también incluían temas como alzas de impuestos, la corrupción y justicia en los casos de activistas asesinados. Cifras del informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revelan que entre el primero de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, más de 900 líderes fueron asesinados. La mitad de ellos, aproximadamente, llevaban a cabo trabajos para ayudar a concretar el acuerdo de paz.
La declaración de la pandemia por el COVID-19 el 11 de marzo de 2020 no hizo más que agravar la situación de descontento social en Colombia y preparar el terreno para las protestas actuales que ha continuado durante durante los primeros 10 días de mayo. Cifras publicadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia el 11 de mayo indican que el virus ha cobrado la vida 78,771 colombianos, con más de tres millones de infectados (ver gráfica).
El presidente Duque pide detener las protestas y levantar los bloqueos
A partir del primero de mayo, tras la orden del presidente Duque de detener las protestas y de hacer un llamado al diálogo, las policías de zonas urbanas han sido asistidas por el ejército de Colombia para tratar de mantener el orden público.
Gobierno y pueblo se han lanzado acusaciones recíprocas sobre quién el responsable del brote de violencia en las manifestaciones. Las autoridades colombianas han denunciado la infiltración de grupos rebeldes y cárteles de la droga en las protestas, mientras que los manifestantes afirman una represión violenta y militarizada de las manifestaciones en varias ciudades, principalmente en Cali.
Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional, se manifestó a favor de garantizar el derecho de reunión pacífica, y llamó al gobierno de Duque a “abstenerse de estigmatizar y reprimir las manifestaciones”.
La situación se ha agravado por la instalación de bloqueos en las calles de algunas ciudades de Colombia, algo que Duque ha llamado a detener.
En una conferencia con los medios de comunicación, Duque afirmó que su gobierno se suma al llamado de los colombianos a levantar los bloqueos, en particular por que estos han afectado la movilidad y la habilidad de que las gente acuda a sus trabajos.
“El mensaje es que los bloqueos están afectando a la sociedad colombiana totalmente, están afectando que muchas personas reciben sus alimentos, sus vacunas, el oxígeno e, inclusive, está afectando el empleo”, declaró el presidente.
Agregó que los bloqueos también están afectando el derecho de muchas personas a la reactivación de sus negocios. Duque llegó a la ciudad de Cali este martes 11 de mayo para supervisar la situación de orden público y de seguridad en compañía de funcionarios de su gobierno.
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