(Estados Unidos) — La reciente deportación de Estados Unidos de un ex militar guatemalteco se suma a la de otros que en la última década han sido extraditados a Guatemala por sus vínculos con la Masacre de Dos Erres, una matanza de civiles cometida por fuerzas especiales del gobierno hace cuatro décadas.
José Mardoqueo Ortiz Morales fue deportado a Guatemala el 7 de mayo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Las autoridades del país centroamericano solicitaron la extradición del ex miembro de la unidad de élite del ejército guatemalteco, conocida como los Kaibiles, por su presunta participación en el brutal asesinato de 200 pobladores desarmados, entre ellos mujeres y niños.
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La masacre de Dos Erres, una de las peores matanzas de civiles perpetradas por fuerzas del gobierno durante la sangrienta y prolongada guerra civil en Guatemala, sucedió en diciembre de 1982 en una remota comuna de campesinos en la selva del Petén, en el norte de Guatemala, a donde una veintena de kaibiles y medio centenar de militares llegaron tras una emboscada de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) que había dejó 20 soldados muertos meses antes en una población cercana. Los insurgentes también se llevaron una veintena de rifles militares tras el ataque.
Las autoridades guatemaltecas acusan a Ortiz Morales, de 59 años, de ser uno de los kaibiles enviados a Dos Erres en busca de los insurgentes responsables de la emboscada guerrillera y de los rifles robados.
Después de obligar a los habitantes de la comuna a salir sus hogares para interrogarlos, los kaibiles no encontraron presuntos guerrilleros ni el armamento robado.
Las fuerzas del gobierno procedieron a asesinar sistemáticamente a los pobladores de Dos Erres, comenzando por los niños. Según testigos, en el transcurso de dos días los kaibiles golpearon a sus víctimas y arrojaron sus cuerpos al pozo de la aldea. A otros les dispararon o estrangularon; muchas mujeres y niñas fueron violadas. Después, la comunidad fue arrasada por completo. Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 9 de diciembre de 1982.
Aproximadamente 12 años después de la masacre de Dos Erres, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó el pozo de 40 pies de profundidad de la aldea, recuperando 162 esqueletos, incluyendo 67 pertenecientes a niños menores de 12 años.
La matanza se perpetró durante el régimen del ex presidente de Guatemala Efraín Ríos Montt, quien en 2013 fue condenado por un tribunal guatemalteco a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad. La sentencia fue anulada después por la Corte Constitucional y un nuevo juicio no había concluido cuando Ríos Montt murió en abril de 2018, por lo que el tribunal archivó el caso.
Al momento de la masacre el gobierno de Guatemala llevaba a cabo la llamada doctrina de seguridad nacional, una política que establecía que el aparato estatal debía estar subordinado al militar para combatir la amenaza comunista durante la Guerra Fría. La doctrina aumentó la presencia del poder militar para hacer frente a la subversión y cualquier oposición al Estado.
Vinculado a masacre de Dos Erres vivió legalmente en Estados Unidos
Casi seis años después de la masacre, en agosto de 1988, Ortiz Morales ingresó a Estados Unidos, obteniendo estatus de residencia permanente legal en 1990.
Años después, una investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reveló que Ortiz Morales había violado la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como tergiversado información acerca de su participación en abusos cometidos en contra de los derechos humanos.
Ortiz Morales se declaró culpable de los cargos, y en septiembre de 2017, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el estado de Maryland lo sentenció a casi un año de prisión por intentar obtener fraudulentamente su naturalización como ciudadano estadounidense.
Al término de su condena, las autoridades iniciaron un proceso de deportación en contra de Ortiz Morales. Según un comunicado de ICE, el 13 de noviembre de 2019 un juez de inmigración ordenó la expulsión de Ortiz Morales de Estados Unidos a Guatemala.
A su arribo a Guatemala, Ortiz Morales fue puesto a disposición de un juzgado para enfrentar un proceso por la masacre de Dos Erres.
Más ex militares guatemaltecos vinculados y deportados de Estados Unidos
José Mardoqueo Ortiz Morales es el cuarto presunto involucrado en la masacre de Dos Erres que ha sido localizado viviendo en Estados Unidos, y luego deportado a Guatemala por las autoridades del país.
Anteriormente, ICE deportó a Guatemala a tres participantes de la matanza para enfrentar a la justicia de su país por crímenes de guerra:
Pedro Pimentel Ríos fue deportado a Guatemala en 2011. El ex miembro del ejército guatemalteco, de 64 años, participó en la masacre de Dos Erres y fue deportado en julio de 2011 a su país natal, en donde fue entregado a las autoridades guatemaltecas. Pimentel Ríos vivía y trabajaba en Santa Ana, California mientras era buscado en Guatemala por su papel en la masacre como miembro de la unidad de élite del ejército guatemalteco de los kaibiles. En 2010, ICE acusó a Pimentel Ríos en un tribunal de inmigración de ser sujeto a una deportación por haber asistido o participado en ejecuciones extrajudiciales durante la matanza en 1982. En 2012, Pimentel Ríos fue condenado por un tribunal en Guatemala por su participación en la masacre y sentenciado a 6,060 años de prisión.
Santos López Alonzo fue trasladado a Guatemala en 2016. El ex comando de la unidad de élite del ejército guatemalteco de los kaibiles, de 64 años, era buscado en su país natal por cargos criminales por su participación en la masacre de Dos Erres. López Alonzo fue arrestado originalmente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en 1999, en Texas. Posteriormente se ordenó su deportación y fue trasladado a Guatemala en junio de ese mismo año. El ex kaibil volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos en 2010, pero fue arrestado en Houston. En el momento de su detención, López Alonzo carecía de estatus legal en el país, por lo que fue procesado penalmente por reingreso después de una deportación y sentenciado. Un tribunal de California designó a López Alonzo como testigo material en una investigación en curso sobre las acciones de otro ex kaibil localizado en Estados Unidos, Jorge Sosa Orantes. Tras la condena de Sosa en octubre de 2013 por fraude de naturalización, a López Alonzo se le retiró la designación como testigo material y fue transferido de nuevo a la custodia de ICE, que restableció su orden de deportación anterior. Tras su juicio en Guatemala fue sentenciado a 5,160 años de prisión en 2018.
Gilberto Jordán fue trasladado a Guatemala en marzo de 2020. Jordán es un ex miembro del ejército guatemalteco que era buscado por las autoridades de su país por su presunta participación en la masacre de Dos Erres. Jordán, de 64 años, fue deportado a Guatemala y entregado a las fuerzas del orden guatemaltecas. Había emigrado a Estados Unidos y tras obtener estatus legal como residente permanente solicitó la ciudadanía estadounidense en septiembre de 1996. Durante el trámite de naturalización, Jordán negó falsamente haber sido miembro del ejército o cometido delitos por los que no había sido arrestado. Jordán prestó juramento como ciudadano estadounidense en 1999. Investigaciones posteriores en 2010 llevaron al arresto de Jordán por no revelar su servicio militar previo y su participación en los asesinatos cuando llenó el formulario para su solicitud de ciudadanía. Jordán se declaró culpable, admitiendo que había sido un kaibil en el ejército guatemalteco que participó en la masacre de Dos Erres. También admitió que la primera persona que mató en Dos Erres fue un bebé, al que asesinó arrojándolo al pozo del pueblo. Jordán fue sentenciado en septiembre de 2010 a 10 años en una prisión federal y su ciudadanía fue revocada posteriormente. Tras cumplir su condena en Estados Unidos fue extraditado a Guatemala donde está siendo juzgado.
Jorge Sosa Orantes se encuentra actualmente en una prisión en Estados Unidos. Se le señala como un presunto ex kaibil involucrado en la masacre de Dos Erres quien logró naturalizarse como ciudadano de Estados Unidos y de Canadá. Fue arrestado en Canadá en 2011 y extraditado a California, donde fue juzgado por mentir sobre la masacre en sus formularios de naturalización. Fue declarado culpable en 2013, sentenciado en 2014 a 10 años en una prisión federal y despojado de su ciudadanía estadounidense. Sosa Orantes salió de Guatemala en 1985 y buscó asilo en los Estados Unidos, alegando que huía de la guerrilla guatemalteca. Cuando se le negó el asilo, se fue a Canadá, donde se convirtió en ciudadano de ese país. Más tarde se casó con una estadounidense, obtuvo su residencia permanente y solicitó la naturalización en 2007. Sosa Orantes había estado trabajando como instructor de artes marciales en el condado de Riverside, en California. Las autoridades federales registraron su casa en 2010, pero él había ido a México y luego a Canadá, donde fue arrestado por cargos relacionados a las leyes estadounidenses. Fue subteniente del ejército durante la masacre de dos Erres. En el juicio de Sosa Orantes, Gilberto Jordán testificó que el acusado disparó su rifle y arrojó una granada a los aldeanos que gritaban desde el interior de un pozo. Se espera que Sosa sea deportado después de que termine su sentencia de prisión en Estados Unidos en 2024.
El trabajo de ICE para investigar a los ex kaibiles localizados en Estados Unidos contó con el apoyo de la Unidad Contra Violadores de los Derechos Humanos y Crímenes de Guerra de ICE, creada en 2009 para promover el trabajo de ICE de identificar, rastrear y enjuiciar a los abusadores de los derechos humanos. La unidad consiste de un grupo selecto de agentes, abogados, especialistas en inteligencia e investigación, historiadores y analistas que dirigen los esfuerzos de ejecución más amplios de la agencia contra los delincuentes.
En Guatemala, el sistema de justicia continúa trabajando para enjuiciar a presuntos responsables de la masacre en Dos Erres, una de centenares de matanzas durante la guerra civil de Guatemala de 1960-1996. Según cifras de una comisión de la verdad de la ONU, alrededor de 200,000 civiles murieron y otros 45,000 desaparecieron.
Tanto el ejército como las fuerzas opositoras rebeldes cometieron crímenes contra la población civil. No obstante, la gran mayoría de las muertes y desapariciones (se estima un 93 por ciento), fueron responsabilidad de las fuerzas armadas del gobierno y de grupos paramilitares aliados a ellas.
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