(Phoenix, Arizona) –– La deportación de una mujer mexicana efectuada en Phoenix, Arizona, pudiera ser una señal para los millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos de lo que les pudiera esperar durante los próximos cuatro años de gobierno de Donald Trump, con base a su política de inmigración.
Guadalupe García de Rayos, de 35 años, fue deportada súbitamente este martes 8 de febrero tras una cita de rutina en las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Phoenix. La mujer es madre de dos hijos y ha vivido sin estatus legal desde su llegada a Estados Unidos, hace 21 años.
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La situación migratoria de García de Rayos comenzó a complicarse en 2008, cuando agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO por sus siglas en inglés) llevaron a cabo una redada en su lugar de trabajo. De empleada pasó a ser detenida por ICE por usar un número de seguro social perteneciente a otra persona. Posteriormente, la mujer sería declarada culpable de un delito grave Clase 6, con base a las leyes de EE.UU.
Desde su arresto, García de Rayos fue requerida por ICE de comparecer a entrevistas regulares. Su más reciente cita le resultaría contraproducente, ya que fue puesta bajo arresto, y el 9 de febrero fue deportada a la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, en México.
La mujer tenía 14 años de edad cuando cruzó ilegalmente la frontera en Nogales, Arizona. Más tarde contrajo matrimonio en Phoenix, en donde procreó dos hijos, en la actualidad adolescentes. Al tiempo de su arresto durante la redada de inmigración estaba empleada en un parque de diversión llamado Golfland Sunsplash, ubicado en la ciudad de Mesa, al este de Phoenix.
Su arresto ocurrió en el contexto de las nefastas redadas de inmigración realizadas en 2008 por el ex alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio.
Reportes indican que García de Rayos obtuvo ese trabajo valiéndose del número de seguro social ajeno. Tras su arresto, después de ser culpable de un delito grave, pasó seis meses en una cárcel de inmigración.
Después, la mujer tenía una orden de deportación abierta, lo que significaba que ICE podía devolverla a México en cualquier momento. Por qué ICE no ejecutó la deportación de García de Rayos hasta esta semana, después de ocho años de su arresto, es una interrogante.
La respuesta a esta pregunta pudiera tener que ver simplemente con el cambio de poder ejecutivo en la Casa Blanca. Su repentina deportación está siendo interpretada por defensores de los inmigrantes indocumentados como “la primera” bajo las nuevas políticas de inmigración del presidente Donald Trump.
Sin embargo, según informes del gobierno federal, cientos de arrestos de indocumentados se estuvieron ejecutando desde el lunes 6 de febrero, antes del arresto de García de Rayos.
Trump y su decreto en materia migratoria
Tras su toma de protesta en enero, Trump firmó una orden ejecutiva de inmigración que ampliaba extensamente el criterio sobre a quiénes Estados Unidos considera una prioridad de deportación, incluyendo obviamente a quienes tienen antecedentes penales.
Según el gobierno de Trump, los cambios en la política de inmigración obedecen a la necesidad de hacer más seguro a Estados Unidos, expulsando a indocumentados que han sido condenados por crímenes.
Sin embargo, fue precisamente durante el gobierno del presidente Obama que se crearon niveles de prioridades de deportación. Sin olvidar también que Obama deportó a más personas que ningún otro presidente —una cifra estimada de 2.5 millones de deportaciones.
La política de inmigración de Obama también priorizó a quien deportó, centrándose en aquellas personas culpables por crímenes.
El plan de Obama creó tres categorías de delitos sujetos a la deportación. La primera: delincuentes violentos y personas aprehendidas en la frontera; la segunda: indocumentados con múltiples delitos menores, delitos como manejar un vehículo bajo la influencia del alcohol y cargos por abuso doméstico, así como también personas que habían llegado a EE.UU. recientemente; la tercera: individuos que habían ingresado a EE.UU. antes de 2014 y que habían sido acusados de delitos no violentos.
Sin embargo, la política impuesta por Obama dejó la aplicación de la misma al criterio de ICE. Al parecer, durante ocho años García de Rayos no fue deportada por encontrarse dentro de la categoría de deportación de prioridad más baja.
Política de de inmigración acerca de la deportación de Trump es imprecisa
Abogados especializados en la ley de inmigración de EE.UU. están tratando de comprender la orden de Trump, principalmente debido a un lenguaje impreciso, probablemente redactado intencionalmente.
En la orden ejecutiva de Trump, el texto señala que cualquier inmigrante no autorizado en el país que haya sido condenado por cualquier crimen puede ser sujeto a una deportación. La orden no hace ninguna distinción entre diferentes tipos de crímenes. En otras palabras, la nueva normativa de Trump puede potencialmente deportar a un indocumentado por asesinato lo mismo que a uno que sea detenido inicialmente por cometer una infracción de tránsito.
Uno de los términos más discutidos contenidos en la orden ejecutiva de Trump es una frase que en la práctica hace que los actos que puedan “constituir un delito penal imputable” ameriten una deportación.
Lo anterior se ha interpretado en el sentido de que un inmigrante no tiene que ser condenado por un crimen, ni siquiera tiene que ser acusado de un crimen; sólo es necesario que probablemente haya cometido uno.
Abogados de inmigración opinan que esto probablemente se podrá utilizar para deportar a cualquier persona que cruzó la frontera fuera de un puesto de control migratorio. La distinción radica en si alguien permaneció después de la expiración de la fecha de su visa, o si la persona cruzó la frontera ilegalmente, sin visa.
Personas que ingresan a EE.UU. con pasaporte y visa, y luego permanecen en el país cuando la fecha de la visa caduca, son sometidas a revisiones de inmigración. Esto se debe también a que permanecer sin visa es una ofensa civil, lo cual sería un crimen sujeto a deportación.
Sin embargo, los migrantes que hayan cruzado la frontera sin visa a través de puntos no autorizados de acceso en cualquier lugar de la frontera México-Estados Unidos, y por consiguiente evitando controles aduanales e inspecciones migratorias, habrían cometido un delito al entrar ilegalmente en el país.
Si los agentes de ICE pueden obtener una admisión por parte de un inmigrante en el sentido de haber cruzado ilegalmente, dicha declaración podría ser tomada como un “delito penal imputable”, y por lo tanto un delito que ameritaría una deportación.
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