Corte Suprema de EE. UU. permite multar y encarcelar a personas sin hogar por dormir en público

Un hombre duerme a la intemperie sobre la acera en una ciudad de Estados Unidos, una escena cotidiana que refleja la creciente crisis de la falta de vivienda. En junio de 2024, el más alto tribunal del país dictaminó que los gobiernos locales pueden multar y encarcelar a las personas sin hogar por dormir o acampar en espacios públicos. Foto: Paul Prescott | AdobeStock
Un hombre duerme a la intemperie sobre la acera en una ciudad de Estados Unidos, una escena cotidiana que refleja la creciente crisis de la falta de vivienda. En junio de 2024, el más alto tribunal del país dictaminó que los gobiernos locales pueden multar y encarcelar a las personas sin hogar por dormir o acampar en espacios públicos. Foto: Paul Prescott | AdobeStock

(Phoenix, Arizona) — En una decisión histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos ha otorgado a los gobiernos locales la autoridad de prohibir que las personas sin hogar duerman o acampen en espacios públicos.

Este veredicto, que dividió a la corte con base a líneas ideológicas, revierte precedentes judiciales previos y plantea una serie de interrogantes sobre el futuro de la gestión de la falta de vivienda en el país.

La decisión surge del caso City of Grants Pass vs. Johnson, originado en una pequeña ciudad de Oregón con una población sin hogar significativa. La ciudad implementó ordenanzas que prohíben acampar y estacionarse en un vehículo en parques durante la noche, infracciones que podrían resultar en multas o incluso encarcelamiento. Este caso puso en tela de juicio la aplicación de la Octava Enmienda constitucional, que prohíbe castigos crueles e inusuales, en contextos donde no hay refugios disponibles.

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La complejidad del problema de las personas sin vivienda

La falta de vivienda es un problema con varias facetas complicadas, arraigado en factores económicos, sociales y de salud. La escasez de viviendas asequibles y el aumento de los alquileres son solo la punta del iceberg. ¿Cómo se espera que las ciudades gestionen esta crisis sin una infraestructura adecuada para albergar a todos los que lo necesitan?

El juez Neil Gorsuch, representando a la mayoría, sostiene que la gestión de la falta de vivienda debería ser responsabilidad de los gobiernos locales, no de los tribunales federales. En contraste, la jueza Sonia Sotomayor, en su disidencia, argumenta que la decisión pone a las personas sin hogar en una situación imposible: “o mantenerse despiertos o ser arrestados”.

Escenarios potenciales

La decisión de la Corte Suprema podría desencadenar varios escenarios. Uno de ellos es el aumento de la población carcelaria, dado que muchas personas sin hogar podrían ser encarceladas por violar las ordenanzas locales. ¿Está el sistema penitenciario preparado para asumir esta carga adicional?

Además, esta medida podría incrementar el número de casos judiciales, pues las personas sin hogar y sus defensores legales podrían continuar luchando contra las ordenanzas locales.

Por otro lado, las críticas a ambas partes continuarán. Los defensores de las personas sin hogar argumentarán que la criminalización de la falta de vivienda no resuelve el problema de fondo, mientras que los gobiernos locales podrían enfrentar críticas por no proporcionar suficientes refugios y por adoptar medidas punitivas en lugar de soluciones compasivas.

Empatía y perspectivas en torno a las personas sin vivienda

Para comprender mejor este problema, es crucial ponerse en los zapatos de todos los afectados. ¿Cómo se sentiría ser una persona sin hogar, enfrentando la amenaza constante de multas o encarcelamiento por simplemente no tener un lugar donde dormir?

Por otro lado, ¿qué desafíos enfrentan los funcionarios públicos encargados de garantizar la seguridad y la salud en las ciudades, mientras intentan gestionar espacios públicos y proteger los derechos de todos los ciudadanos?

Y para los ciudadanos que observan este problema desde sus hogares, ¿cómo les afecta la falta de acción gubernamental eficaz? La percepción pública de la falta de vivienda y la reacción ante las medidas punitivas también juegan un papel crucial en la formación de políticas futuras.

La decisión de la Corte Suprema destaca la lucha constante entre mantener el orden público y abordar la crisis humanitaria de la falta de vivienda. ¿Es justo castigar a quienes no tienen otra opción? ¿Cómo pueden las ciudades equilibrar la necesidad de mantener espacios públicos ordenados y seguros con la obligación de proteger a sus ciudadanos más vulnerables?

La solución real, insisten los defensores, reside en aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles. Sin embargo, este es un proceso que llevará años. Mientras tanto, las ciudades y sus habitantes deben navegar por estas aguas turbulentas, buscando un equilibrio entre la compasión y el orden. ¿Cómo se abordará esta encrucijada? La respuesta aún está por verse.

© 2024, Eduardo Barraza. All rights reserved.

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