(Phoenix, Arizona) — Un plan migratorio está en la agenda del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, quien tomará posesión de su cargo el viernes 20 de enero de 2017. Mientras tanto, él y su equipo de transición forman el próximo gabinete y contratan a un gran número de personal para el nuevo gobierno.
Sólo el tiempo revelará si las promesas que Trump hizo a sus seguidores en materia de inmigración se cumplen, ya que desde el inicio de su campaña el magnate republicano anunció sus intenciones en cuanto a los indocumentados que viven en este país, así como su plan migratorio para intentar de frenar el flujo de inmigración a través de la frontera México-EE.UU.
El 31 de agosto de este año, Trump hizo la siguiente declaración: “En varios años, cuando hayamos efectuado todos nuestros objetivos para el cumplimiento de la ley —y terminado realmente con la inmigración ilegal para siempre, incluyendo la construcción de un gran muro y el establecimiento de nuestro nuevo sistema jurídico de inmigración— entonces y sólo entonces estaremos en una posición para considerar la disposición apropiada de los que permanezcan”.
Desde el principio fue obvio que Trump no tenía la menor intención de llevar a cabo una reforma migratoria ni de crear mecanismos jurídicos para legalizar a los millones de indocumentados que residen en el país. Su plataforma política se manifestó diametralmente opuesta a la del presidente Barack Obama, así como a la de la ex candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton durante su campaña.
Después de sus amenazas de campaña, Trump ha formulado en concreto un plan migratorio con 10 objetivos que buscará realizar una vez que tome el poder ejecutivo del país. Estas se incluyen actualmente en su sitio web de transición.
Entre estas medidas está edificar un muro en la frontera sur de EE.UU., dar fin a la práctica conocida como “arresto y liberación” de indocumentados, aplicar cero tolerancia a inmigrantes con antecedentes criminales, así como dar por terminadas acciones ejecutivas de inmigración promulgadas por Obama, como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Estas y el resto de las políticas que se proyectan son mucho menos factibles de lo que parecen en teoría, ya que cada una implicaría tomar otra serie de medidas cuya implementación será complicada.
En el siguiente análisis de los 10 objetivos del plan migratorio de Trump se esboza lo que su administración tendrá que hacer para convertirlos en realidad:
- Construir un muro en la frontera sur: Una vez que sea presidente, Trump estará facultado judicialmente para construir un muro bajo la “Ley del Cerco Seguro de 2006”, promulgada durante el gobierno del ex presidente George W. Bush. Sin embargo, esto dependería de que el Congreso estadounidense aprobara una cantidad considerable de fondos para los costos de edificación de un muro en toda la extensión de la frontera sur (dos mil millas). Pero los fondos federales no es lo único que Trump necesitaría para lograr su propósito. La construcción de un muro representaría también superar retos logísticos, ya que —por ejemplo— algunas áreas de la frontera están en propiedad privada, y la geografía de algunos tramos haría la construcción extremadamente difícil. A pesar de que Trump dijo que haría que México pagara por los costos del muro, esa política no está incluida en su actual sitio web post-electoral.
- Terminar con la práctica de arresto y liberación: Otros de los diez puntos del plan migratorio de Trump es terminar con la práctica conocida como “arresto y liberación”. Esta consiste en que los inmigrantes son puestos en libertad tras su detención mientras esperan las fechas de sus audiencias judiciales. Trump podría cambiar unilateralmente estas políticas, pero su implementación requeriría crear mucho más espacio en los centros de detención para mantener a una mayor cantidad de detenidos antes de que ellos puedan comparecer ante un juez. En la actualidad hay un rezago de 500 mil casos en tribunales de inmigración estadounidenses, y las recientes decisiones judiciales prohíben detener a niños que se encuentran con sus padres por más de 20 días. Esto implicaría, por igual, costos muy elevados.
- Tolerancia cero para extranjeros criminales: Trump también ha anunciado que en su administración habrá tolerancia cero para extranjeros que hayan cometido un crimen. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Obama actualmente deporta de manera prioritaria a inmigrantes indocumentados que han sido condenados por crímenes graves. En este caso, lo que Trump probablemente tratará de hacer es ampliar la definición de quién es clasificado como extranjero criminal o bien tratar de acelerar la expulsión de personas que han recibido una orden de deportación. Esto implicaría de igual manera más fondos para cubrir los costos adicionales de los tribunales y de los elementos de las agencias del orden que llevan a cabo las aprehensiones.
- Bloquear fondos a las ciudades santuarios: Otro aspecto de la inmigración ilegal a EE.UU. son las llamadas ciudades santuario, que limitan su cooperación con las autoridades federales cuando se les pide que detengan a inmigrantes indocumentados. Trump ha amenazado con recortar fondos federales a las ciudades con políticas proteccionistas hacia los indocumentados como Chicago y Los Ángeles, donde la policía local se niega a reportar la presencia de inmigrantes que detienen a las autoridades federales de inmigración. Trump tendrá la autoridad de recortar algún tipo de fondos federales a los gobiernos de ciudades.
- Anular las acciones ejecutivas y hacer cumplir toda la ley de inmigración: Algunas de las acciones ejecutivas en materia de inmigración implementadas por el Obama pudieran verse invalidadas si Trump se lo propone. El próximo presidente tendrá la autoridad para derogar acciones ejecutivas como DACA, que ha proporcionado alivio temporal a la deportación de más de 700 mil inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a EE.UU. en su infancia. Con su plan migratorio, Trump también buscaría hacer cumplir todas las leyes de inmigración, lo que requeriría la deportación masiva de unos 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en EE.UU. Eso requeriría de un aumento muy considerable de fondos otorgados por el Congreso a fin de incrementar la cifra actual de agentes y jueces de inmigración para poder llevar a cabo jurídicamente 11 millones de deportaciones. Localizar a esa cifra tan alta de inmigrantes también sería un enorme reto logístico.
- No expedir visas en cualquier lugar donde no se pueda hacer una evaluación adecuada: Similar a la “prohibición a los musulmanes” que Trump propuso durante su campaña, esta política estaría dirigida a quienes solicitan visa en países devastados por la guerra como Siria e Irak, en donde muchas personas que solicitan visas de refugio o asilo han tratado de escapar. Bajo la ley actual, Trump podría suspender unilateralmente visas a cualquier individuo o grupo o personas consideradas “perjudiciales para los intereses de los Estados Unidos”. Sin embargo, una medida de esta naturaleza podría enfrentar desafíos en la corte si esta discrimina contra una religión.
- Asegurar que otros países retiren a sus ciudadanos cuando se les solicite: El gobierno de Obama ha tenido dificultades para obligar a los países que se rehúsan a repatriar a individuos que EE.UU. está tratando de deportar. Trump podría aumentar la presión diplomática en países como China, el país que se ha negado a repatriar el mayor número de personas sujetas a una deportación en EE.UU., pero esta medida podría tener ramificaciones diplomáticas más amplias.
- Terminar de crear finalmente el sistema de seguimiento biométrico de entrada y salida de portadores de visas: Aunque existe una ley promulgada desde el gobierno del ex presidente Bill Clinton, EE.UU. no ha implementado un sistema para rastrear a los visitantes extranjeros y determinar si salen del país cuando sus visas expiran. La puesta en marcha de un programa de seguimiento de visas requeriría un financiamiento considerable para recolectar y almacenar datos biométricos —como huellas dactilares— para cada portador de una visa que entre y salga de Estados Unidos, y algunos expertos han opinado que el sistema no es práctico.
- Desactivar el atractivo de trabajo y prestaciones: Para lograr esta meta, Trump necesitaría la aprobación del Congreso para ordenar la creación de una base de datos nacional conocida como E-Verify que permita a los empleadores verificar el estatus de inmigración de individuos que buscan contratar. Hasta que no se implemente un sistema así, es difícil penalizar a los empleadores que sin saberlo emplean a indocumentados que usan números de seguro social falsos.
- Reformar la inmigración legal para que sirva al mejor interés de EE.UU. y sus trabajadores: Dependencias gubernamentales federales como el Departamento de Trabajo, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia podrían incrementar las investigaciones de empleadores sospechosos de abusar los programas de visas como la H-1B, que permiten a las compañías contratar a trabajadores extranjeros, con frecuencia pagando un costo menor del que pagarían a trabajadores estadounidenses. En esta materia, Trump podría enfrentar retrocesos de las industrias que dependen de este programa de visas, incluyendo el sector tecnológico, si él aplica severamente la revocación de este tipo de visas.
Los objetivos del plan migratorio de Trump pueden tener sentido en el contexto de su política antiinmigrante, que en gran parte lo llevó a ser elegido como el próximo presidente de EE.UU.
Sin embargo, la complejidad del problema migratorio comprobará si lo que Trump pretende se convertirá en políticas efectivas de su gobierno o se quedarán como simples promesas de campaña política.
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