(Estados Unidos) — En el complejo panorama de la inmigración estadounidense, las recientes acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos han reafirmado su estrategia centrada en una serie de vuelos de expulsión de personas indocumentadas con destinos que abarcan Brasil, Centroamérica, Colombia, Perú y Venezuela.
Durante cada una de las dos últimas semanas, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo más de treinta vuelos de expulsión, transportando a miles de personas, tanto adultos solteros como unidades familiares, de regreso a sus países de origen. Más de cinco mil ciudadanos mexicanos fueron repatriados directamente a su país.
ICE ejecuta estos vuelos de repatriación en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y según la agencia, esto subraya el compromiso del gobierno Biden-Harris de ampliar las vías legales de inmigración y aplicar consecuencias para quienes las eluden.
En particular, la decisión del gobierno federal de reanudar los vuelos de expulsión a Venezuela en octubre parece haber arrojado resultados tangibles, con una disminución sustancial del 65 por ciento en los encuentros con venezolanos reportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en la última parte del mismo mes.
De acuerdo con altos funcionarios, el gobierno está imponiendo consecuencias para aquellos que no utilizan vías legales para ingresar a Estados Unidos, incluida la expulsión a sus países de origen. Las autoridades advierten que continuarán repatriando a individuos que no tienen una base legal para permanecer en el país.
Según la información publicada por ICE, el proceso de expulsión está diseñado para garantizar que individuos sin autorización estén sujetos a una evaluación exhaustiva para detectar reclamos de protección válidos y a una suspensión de la expulsión, independientemente de su nacionalidad.
El gobierno asegura que los procedimientos de deportación se llevan a cabo ante jueces especializados en materia migratoria en tribunales de inmigración, administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, un mecanismo establecido para salvaguardar el debido proceso.
Aunque las consideraciones de seguridad operativa impiden que ICE revele detalles sobre operaciones de transporte futuras o pendientes, el papel de las Operaciones Aéreas de ICE al facilitar el traslado y expulsión de no ciudadanos, incluidas unidades familiares, a través de aerolíneas comerciales y vuelos fletados, es un aspecto crítico de estos esfuerzos de repatriación.
Datos del gobierno muestran que durante el año fiscal 2022, un lapso de 12 meses entre octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, las Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE llevaron a cabo una cantidad significativa de 72 mil 177 deportaciones a más de 150 países en todo el mundo.
El informe también revela datos adicionales impactantes, destacando 142,750 detenciones realizadas durante el periodo analizado. De este total, 46,396 individuos presentaban antecedentes penales, enfrentando cargos que abarcaban desde agresión hasta posesión de armas, homicidio y secuestro.
En cuanto a las expulsiones del país, se llevaron a cabo acciones decisivas contra individuos vinculados a actividades peligrosas, incluyendo la deportación de 2,667 miembros de pandillas conocidos o sospechosos, 55 terroristas conocidos o presuntos, así como la expulsión de 7 violadores de derechos humanos y 74 extranjeros fugitivos buscados por sus gobiernos por delitos graves.
ICE es la agencia responsable de monitorear, arrestar, detener y deportar a inmigrantes que pueden ser expulsados según la ley de Estados Unidos, incluidos aquellos condenados por ciertos delitos y migrantes transferidos por funcionarios de CBP a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
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