(Estados Unidos) — Después de un año y medio desde que anunciara su acción ejecutiva en materia migratoria, el presidente de Estados Unidos Barack Obama criticó la “descorazonadora” decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que bloquea un alivio migratorio jurídico para cuatro millones de inmigrantes indocumentados.
En su reacción al fallo empatado de 4-4 del Tribunal Supremo que sostiene de manera efectiva la oposición de un tribunal menor a su plan, el presidente dijo que continuará girando instrucciones a las agencias encargadas de aplicar la ley para que no den prioridad a la deportación de individuos indocumentados que han vivido en los EE.UU. durante más de cinco años.
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El mandatario añadió que es sólo cuestión de tiempo antes de que se alcance una reforma de inmigración permanente. Obama también reconoció que el éxito de la oposición republicana en los tribunales dificultará que estas familias puedan obtener un estatus legal que su acción ejecutiva buscaba otorgar.
“La decisión de hoy es frustrante para quienes buscan hacer crecer nuestra economía, llevar racionalidad a nuestro sistema de inmigración y permitir a la gente salir de las sombras y levantar esa nube perpetua que hay sobre ellos”, manifestó el presidente en una declaración a los medios de información en la Casa Blanca.
“Es desconsolador para los millones de inmigrantes que han hecho sus vidas aquí, que criaron familias aquí, que esperaban la oportunidad de trabajar, pagar impuestos, servir en nuestras fuerzas armadas, y contribuir más plenamente a este país de una manera abierta”.
Obama aprovechó la oportunidad para citar el caso como un ejemplo de lo que está en juego en las elecciones generales de noviembre. “Tarde o temprano habrá una reforma migratoria”, dijo. “El Congreso no podrá ignorar a Estados Unidos para siempre. No es una cuestión de si habrá; es una cuestión de cuándo”.
Decisión concisa del tribunal sobre alivio migratorio
Cuando al fin llegó el tan esperado dictamen del tribunal en el caso de inmigración, este fue tan conciso que se redactó en un solo renglón de texto: “El dictamen es afirmado por una Corte igualmente dividida”.
En abril, la Corte Suprema había escuchado argumentos a favor y en contra de revivir el plan de Obama para evitar que aproximadamente cuatro millones de inmigrantes indocumentados —aquellos que han vivido ilegalmente en los EE.UU., al menos desde 2010, que no tienen antecedentes penales y son padres de hijos que son ciudadanos o residentes permanentes legales— sean víctimas de deportaciones masivas que separarían a muchas familias.
La audiencia con duración de 90 minutos del Tribunal Supremo en abril consideró el argumento sobre la reciente expansión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), así como la creación de la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés).
Dicha audiencia también ilustró la actual división de 4-4 entre jueces conservadores y liberales en la corte. Sonia Sotomayor y otros jueces liberales sometieron a un intenso interrogatorio a Scott Keller, el abogado general de Texas, mientras que los jueces conservadores desafiaron al abogado general de Estados Unidos, Donald Verrilli, quien representó al gobierno federal.
Keller afirmó que DAPA es una acción ilegal sin precedentes del poder ejecutivo, y uno de los mayores cambios en la política de inmigración en la historia de Estados Unidos. Sotomayor vehementemente disputó esto.
El presidente tomó esta medida unilateral mediante una acción ejecutiva en noviembre de 2014, después de que los republicanos de la Cámara frustraran una propuesta de legislación bipartidista que habría proporcionado una vía a la ciudadanía para los inmigrantes ilegales. La propuesta había sido aprobada por el Senado en 2013, pero la Cámara dominada por los republicanos se negó a tener audiencias al respecto.
Sin embargo, su acción ejecutiva fue desafiada por 26 estados, todos con gobernadores republicanos, argumentando que Obama se había excedido en sus poderes y que no tiene el poder para modificar las leyes de inmigración, en particular sobre el alivio migratorio.
Un juez federal en Texas falló a favor de los 26 estados y el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones confirmó la decisión en noviembre pasado.
Los 26 estados también han planteado su preocupación de que la acción diferida abra el camino para que los inmigrantes obtengan autorización para trabajar, elegibilidad para recibir ayuda públicas y licencias de conducir, implicando una carga financiera en un estado como Texas.
Señalan por igual la importancia de una frase de dos palabras que el gobierno de Obama utiliza para describir la situación de los inmigrantes en los programas: presencia legal. Los estados argumentaron que eso da a los inmigrantes más derechos de los que la ley federal les concede.
El fallo de hoy representa un duro golpe para el gobierno de Obama durante sus últimos meses en el cargo. El dictamen permite a los republicanos clamar una victoria en su argumento de que el mandatario excedió sus poderes como presidente, y de que ha fallado en proteger las fronteras de Estados Unidos.
En algunas ciudades como Phoenix, Arizona, grupos de defensa de los inmigrantes llevaron a cabo manifestaciones para mostrar su inconformidad al fallo del Tribunal Supremo sobre el alivio migratorio, y demandar una moratoria a todas las deportaciones de indocumentados.
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