PHOENIX — La captura del uruguayo Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados por la DEA, le dio a Bolivia una victoria de alto perfil en la lucha regional contra el narcotráfico y, al mismo tiempo, reabrió una discusión que parecía cerrada desde 2008: el papel de Estados Unidos en la política antidrogas boliviana.
Las autoridades bolivianas informaron el viernes 13 de marzo que Sebastián Marset, de 34 años, fue arrestado en Santa Cruz y luego trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero; La Paz sostuvo que la DEA no participó en el operativo de captura, pero sí en el traslado.
El caso tiene una carga política adicional porque Bolivia restableció apenas el mes pasado la cooperación operativa con la DEA, interrumpida durante 17 años. El presidente boliviano Rodrigo Paz presentó la caída de Sebastián Marset como un punto de inflexión en la ofensiva contra las mafias internacionales y domésticas, en momentos en que Bolivia busca reposicionarse como socio regional frente al avance de las rutas de cocaína hacia Europa.
Sebastian Marset, conocido por las autoridades de la región como presunto jefe del llamado Primer Cártel Uruguayo y por su propia imagen pública como “el Rey del Sur”, era requerido también por Paraguay y Bolivia por delitos vinculados al crimen organizado y al tráfico de cocaína. Su nombre había ganado notoriedad internacional desde su detención en Dubái en 2021 con un pasaporte paraguayo falso, el escándalo posterior en Uruguay y las sospechas, nunca traducidas en cargos formales, sobre su posible vínculo con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022.
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Bolivia y la DEA: ruptura, retorno y soberanía
El restablecimiento de los lazos operativos con la DEA marca un giro notable respecto de la línea trazada por Evo Morales. En noviembre de 2008, el entonces mandatario expulsó a los agentes antidrogas estadounidenses al acusarlos de espionaje y de injerencia política, en medio de una crisis diplomática más amplia con Washington y de una narrativa soberanista que veía en la DEA una extensión de la influencia estadounidense sobre la política interna boliviana.
La decisión de Morales no fue solo un gesto ideológico. También respondió a un desacuerdo de fondo sobre cómo enfrentar la economía de la coca en un país donde la hoja tiene usos tradicionales, culturales y legales. Durante años, su gobierno sostuvo que Bolivia debía distinguir entre el cultivo ancestral y el circuito criminal, una premisa condensada en la frase “coca sí, cocaína no”.
Esa fórmula buscó apartarse del enfoque de erradicación impulsado históricamente por Estados Unidos y presentar una política propia, anclada en la negociación con sindicatos cocaleros y en la defensa de la soberanía nacional.
Dos lemas, dos izquierdas, un mismo dilema
La consigna boliviana “coca sí, cocaína no” y la mexicana “abrazos, no balazos”, popularizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, surgieron en contextos distintos pero comparten un mismo impulso político: rechazar la idea de que el combate al narcotráfico puede reducirse a la pura militarización.
En ambos casos, gobiernos de izquierda intentaron marcar distancia con las estrategias de fuerza apoyadas o celebradas desde Washington y apostaron, al menos en el discurso, por atender causas sociales, contener la violencia y preservar márgenes de soberanía frente a Estados Unidos.
En Bolivia, esa apuesta produjo resultados mixtos. La evidencia disponible muestra que el modelo de control social de la coca tuvo periodos de contención e incluso descensos en la superficie cultivada, como ocurrió en 2012, cuando la ONU reportó una caída cercana al 7%.
Pero el problema de fondo no desapareció. En 2024, la ONU estimó 34.000 hectáreas de coca en Bolivia, un aumento de 10% frente a 2023, mientras Reuters ha descrito al país como productor relevante de cocaína y corredor clave para redes que abastecen a Europa. En otras palabras, el esquema boliviano ayudó a reducir el conflicto con cultivadores en ciertas zonas, pero no desmanteló las redes transnacionales de tráfico.
En México, el saldo de “abrazos, no balazos” también fue ambivalente. López Obrador defendió la idea de que la violencia no se resuelve con más violencia y privilegió programas sociales sobre la confrontación directa, mientras mantenía una relación áspera con la DEA y con sectores estadounidenses que pedían una ofensiva más dura. Pero el crecimiento de la extorsión, la persistencia del poder territorial de los cárteles y varios episodios de violencia de alto impacto llevaron a que incluso observadores cercanos a la cobertura diaria del país vieran en los últimos años un desgaste evidente de esa doctrina.
Claudia Sheinbaum ha intentado moverse en una franja más pragmática: sin declarar una “guerra” como la de Felipe Calderón, pero con señales más duras hacia los grupos criminales y mayor disposición a la cooperación con Washington, aunque bajo límites explícitos de soberanía.
Su gobierno presentó en 2024 una estrategia centrada en inteligencia, fortalecimiento policial y coordinación interinstitucional, no en “ejecuciones extrajudiciales”, y en enero reportó una caída del promedio diario de homicidios de 86,9 en septiembre de 2024 a 52,4 en diciembre de 2025. Aun así, Sheinbaum ha rechazado una intervención militar estadounidense y ha negado acuerdos que, a su juicio, pudieran desdibujar el control mexicano sobre su territorio.
De Trump a las extradiciones
El nuevo entorno regional está marcado por la presión de Donald Trump para endurecer la ofensiva contra los cárteles. Su administración designó en febrero de 2025 a varios grupos criminales latinoamericanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, como organizaciones terroristas globales, y ha insistido en extradiciones, inteligencia compartida y acciones más agresivas.
En México, esa presión ya se había traducido en 2025 en la entrega de 29 figuras del narcotráfico a Estados Unidos; en 2026, el golpe más resonante fue la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, durante una operación militar mexicana con apoyo de inteligencia estadounidense.
La captura y traslado de Sebastián Marset colocan ahora a Bolivia en ese mismo tablero. La diferencia es que La Paz llega a este momento después de haber pasado del rechazo frontal a la DEA bajo Morales a una reapertura operativa bajo Paz; y México llega tras el tránsito del “abrazos, no balazos” de López Obrador a un enfoque de Sheinbaum más orientado a resultados, aunque todavía renuente a abrazar la lógica de una guerra abierta.
Para ambos países, la pregunta sigue siendo la misma: si los golpes espectaculares contra capos alcanzan para debilitar economías criminales que se adaptan, se fragmentan y sobreviven a los cambios de gobierno.
ENLACE EXTERNO → Prófugo acusado de narcotráfico Marset es capturado en Bolivia y enviado a EEUU
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