En un informe condenatorio publicado el 7 de septiembre de 2023, titulado México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, Amnistía Internacional ha arrojado luz sobre la preocupante y creciente cuestión de la criminalización de la protesta pública en México.
Este reporte integral profundiza en la práctica de utilizar el sistema legal para silenciar a activistas y manifestantes ambientales, una práctica que se ha vuelto alarmantemente común en el país.
El derecho a la protesta pacífica es un derecho humano fundamental protegido por el derecho internacional. Sirve como una vía fundamental para exigir otros derechos humanos y resaltar sus violaciones.
Sin embargo, a menudo desafía a los gobiernos y a quienes están en el poder, ya que expone los agravios de quienes alzan la voz para disentir o exigen responsabilidades a sus autoridades. En México, la criminalización de la protesta pública no es algo aislado sino parte de una estrategia más amplia para desalentar y desmantelar la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
La investigación de Amnistía Internacional ha documentado cuatro casos en los que se utilizó el sistema legal mexicano contra personas que protestaban pacíficamente por derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente.
El reporte señala que en cada uno de estos casos, el derecho a protestar fue restringido sin respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Se ignoraron los factores contextuales detrás de estas protestas, las causas subyacentes y la defensa de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente por parte de los defensores. Nunca se exploraron medios menos restrictivos para abordar las preocupaciones de los manifestantes, apunta el reporte.
Casos concretos de criminalización de la protesta pública
Entre los casos analizados, uno involucró a la Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este grupo diverso se unió para protestar contra la construcción de un desarrollo residencial en un área protegida, que amenazaba con dañar el medio ambiente.
En Zacatepec, Miguel y Alejandro, comunicadores y defensores indígenas, protestaron por la construcción de un sistema de drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que contaminaría el río Metlapanapa.
En Chilón, Chiapas, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.
Por último, en Sitilpech, miembros de la comunidad indígena maya se resistieron a una mega granja de cerdos en sus tierras, lo que provocó contaminación y problemas de salud.
En todos estos casos, el Estado mexicano respondió criminalizando a los manifestantes pacíficos e iniciando procedimientos legales a nivel estatal contra ellos.
Estos defensores ejercieron su derecho a protestar para exigir respeto a sus derechos, incluida la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, un medio ambiente saludable, el acceso a la información y la participación en proyectos con potencial impacto ambiental.
Las acusaciones se construyeron predominantemente a partir de declaraciones de servidores públicos y empleados de empresas involucradas en los incidentes. No había pruebas convincentes que fundamentaran estas afirmaciones y, a menudo, se utilizó información falsa o distorsionada para fabricar cargos.
Amnistía Internacional encontró puntos en común en los casos estudiados, lo que según el estudio revela un patrón preocupante. La mayoría de las quejas estaban dirigidas a supuestos líderes o figuras destacadas de los movimientos de protesta.
Las autoridades intentaron procesarlos con penas máximas y, a menudo, les impusieron prisión preventiva. Posteriormente, las personas fueron puestas en libertad, pero se les exigió que se presentaran periódicamente ante las autoridades y, en algunos casos, se les impidió salir de sus estados.
Estos prolongados procesos legales crearon un efecto paralizador, disuadiendo tanto a los procesados como a los defensores de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Además, seguía existiendo una amenaza constante de reactivar o fabricar nuevos cargos, lo que generaba ansiedad y temor constantes de perder la libertad o enfrentar represalias.
Los procesos de criminalización también llevaron a la estigmatización, poniendo en peligro la seguridad y la integridad personal de los defensores y sus representantes legales.
En los casos relacionados con pueblos indígenas, Amnistía Internacional observó un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas. En el contexto de tierra, territorio y medio ambiente, se produjeron numerosas violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, a menudo con impunidad.
Estas violaciones incluyeron difamación, amenazas a la seguridad y uso excesivo de la fuerza, lo que disuadió aún más a las personas de ejercer su derecho a protestar y defender su tierra y su medio ambiente.
Consecuencias de la criminalización
La criminalización de la protesta pública tiene profundas consecuencias tanto para los individuos como para las comunidades. Entre los impactos individuales reportados se encuentran daños físicos y psicológicos, incluidas enfermedades, dolor físico por lesiones, ansiedad, alteraciones del sueño, estrés y sensación de injusticia.
Las familias también sufrieron debido al miedo y la preocupación, recibieron amenazas y se enfrentaron al desplazamiento interno para proteger a sus seres queridos de cualquier daño.
Económicamente, los procedimientos legales imponían cargas como viajes regulares para registrarse ante las autoridades y costos legales, incluso cuando el acusado tenía representación legal gratuita. A muchas personas les resultó difícil conseguir empleo debido al estigma negativo asociado con los cargos penales.
En conjunto, el impacto más significativo fue el efecto paralizador sobre la demanda de tierra, territorio y protección ambiental. Los procedimientos judiciales contra activistas a menudo disuadieron a otros de presentar demandas legítimas.
En algunos casos, la criminalización trastornó la dinámica comunitaria, erosionando la confianza entre los residentes conscientes de las acciones legales en curso contra sus pares.
En el reporte, Amnistía Internacional presenta una serie de recomendaciones destinadas a abordar el problema generalizado de la criminalización de la protesta ambiental de una manera holística.
Las recomendaciones generales exigen que las autoridades reconozcan el trabajo invaluable de estos defensores, se abstengan de estigmatizarlos y cumplan con las obligaciones relacionadas con la obtención del consentimiento libre, previo e informado y la realización de evaluaciones de impacto ambiental, asegurando la participación de los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Para contrarrestar los ataques en curso y los entornos hostiles, se recomienda llevar a cabo campañas educativas para resaltar el trabajo vital de estos defensores, junto con el fortalecimiento del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para garantizar una protección efectiva.
Asimismo, disponer de estadísticas fiables sobre los ataques contra los defensores es vital para planificar e implementar medidas preventivas y reactivas eficientes.
Además, el reporte señala que es crucial abordar la impunidad prevaleciente en los ataques contra defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Amnistía Internacional afirma que las autoridades deberían evitar el uso de fuerzas de seguridad militarizadas, como la Guardia Nacional, para monitorear las protestas, y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza debería modificarse para alinearse con los estándares internacionales.
En concreto, en lo que respecta a la criminalización de la protesta pública, Amnistía Internacional recomienda revisar y adaptar los cargos penales utilizados en casos documentados a los estándares internacionales.
Para concluir, Amnistía Internacional insta al cese inmediato de la criminalización de las protestas por la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y exige la investigación de las violaciones de derechos humanos y reparaciones integrales para las personas afectadas.
Es un llamado de atención para reconocer los derechos y las voces de quienes protegen nuestro medio ambiente, ya que su batalla, en última instancia, beneficia a todos.
ENLACE EXTERNO → Lee el reporte completo México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente
© 2023 - 2024, Eduardo Barraza. All rights reserved.
