(Estados Unidos) — Un juez federal de Texas se negó a retirar su medida cautelar que bloquea las acciones ejecutivas de inmigración del gobierno del presidente Obama para diferir las deportaciones de casi cinco millones de personas que viven en el país sin estatus legal.
El juez de distrito Andrew Hanen rechazó una petición de la administración Obama de suspender su fallo del 16 de febrero que impide temporalmente la implementación de las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente en noviembre.
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El juez federal emitió al mismo tiempo una reprimenda a los abogados de la administración sobre la acción unilateral de inmigración del presidente. En una orden emitida la noche del martes, Hanen no sólo se negó a levantar la medida cautelar, sino que también estuvo muy cerca de acusar a los abogados del gobierno de mentirle de plano.
Las afirmaciones de la administración en el caso de inmigración han sido “engañosas”, “problemáticas” y “desmentidas por los hechos”, escribió Hanen. “Cualquier número de jueces federales, dada esta mala conducta, consideraría descartar alegatos del gobierno”. Hacer eso terminaría el caso por completo, y Hanen escribió que había decidido no tomar esa acción, porque las cuestiones en juego son de gran importancia nacional.
Texas y otros 26 estados mayormente republicanos interpusieron una demanda para detener los planes sobre la acción ejecutiva de inmigración del presidente Obama, argumentando que el mandatario excedió su poder ejecutivo de manera inconstitucional.
Gobierno federal apela bloqueo a acciones ejecutivas de Obama
El Departamento de Justicia de EE.UU. ya ha presentado una apelación al caso ante el Juzgado del Quinto Circuito de Apelaciones, el cual sostendrá audiencias para escuchar argumentos orales en el caso el 17 de abril.
Al negar la solicitud para una suspensión del gobierno federal, el juez Hanen dijo que “sigue convencido” de que su dictamen del 16 de febrero fue una decisión correcta. El juez en el fallo anterior encontró que la política de inmigración de la administración Obama, puesta en marcha de manera rápida mediante una acción ejecutiva, no fue emitida en conformidad con una ley federal, la Ley de Procedimiento Administrativo.
El Departamento de Justicia había pedido al juez Hanen detener su orden para continuar con los planes de implementación del programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés), lo que permitiría que casi cinco millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos permanezcan el país sin temor a ser deportados y obtengan permisos de trabajo.
Una suspensión del fallo del juez también permitiría a la administración Obama continuar su expansión prevista del programa iniciado en 2012 llamada Acción Diferida para la los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, que permite un alivio temporal a individuos que fueron traídos a EE. UU. en su niñez.
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