MÉXICO — Han pasado dieciséis años, y el país sigue cargando con el peso insoportable de una tragedia que nunca debió ocurrir. El incendio en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, no fue fruto del azar ni de la fatalidad: fue el desenlace anunciado de una cadena de negligencia institucional, corrupción arraigada y simulaciones que terminaron por cobrar la vida de 49 niños y niñas, dejando a decenas más marcados para siempre. Junto con ellos, también se quemó parte del alma del país.
Ese día, un lugar destinado a proteger se convirtió en una trampa mortal. La guardería, operada mediante subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se incendió a raíz del fuego originado en una bodega gubernamental contigua: sin ventilación, sin extinguidores, sin rutas de escape. El fuego se propagó por techos y paredes con facilidad, como si nadie hubiese pensado en prevenir lo inevitable. Porque, en efecto, nadie lo hizo.
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Las investigaciones revelaron una verdad difícil de asimilar: la Guardería ABC de Hermosillo no tenía salidas de emergencia adecuadas. Las ventanas eran demasiado altas. El techo, hecho de material inflamable, colapsó en minutos. La “certificación” oficial era una simulación, otro ejemplo de cómo en México la legalidad muchas veces es una fachada sostenida con sellos y favores.
El país quedó estremecido. Las imágenes, los testimonios, los nombres —Germán Paul, Emilia, Juan Israel, Valeria— quedaron grabados en la conciencia nacional. Pero la memoria en México es frágil: sobrevive por ráfagas de indignación, no por un compromiso duradero. Hoy, como entonces, el olvido se asoma con su rostro cómodo y cobarde.
Esta tragedia no fue un caso aislado. Fue la consecuencia lógica de un sistema enfermo por el nepotismo, la falta de ética en lo público y el desprecio por la infancia. La guardería operaba con irregularidades conocidas y toleradas. Su permiso fue más un acto de amiguismo que de responsabilidad institucional. No fue un accidente: fue un crimen disfrazado de desgracia.
Y hoy, a 16 años, la justicia sigue sin aparecer. Se dieron algunas destituciones simbólicas, procesos penales sin fuerza, pero ninguna sentencia proporcional a la magnitud del daño. Nadie ha pagado lo que corresponde. En México, la impunidad no solo es la consecuencia de los crímenes: es también su causa.
Recordar no es suficiente. El único tributo real es la acción. A las madres y padres les corresponde exigir más que papeles sellados o murales con sonrisas. Las guarderías deben ser espacios seguros, no lugares de riesgo. Cada simulacro, cada extintor, cada salida de emergencia debe ser una promesa de vida irrompible.
La responsabilidad legal es del Estado. Pero la responsabilidad moral es de todos. Solo la presión de la ciudadanía ha demostrado ser capaz de mover estructuras oxidadas. La memoria de los 49 no debe convertirse en un símbolo inmóvil: debe ser llama y empuje, dirección y conciencia.
Cada 5 de junio, México vuelve a arder. No en fuego, sino en vergüenza. Que esa llama se convierta en conciencia. Porque sin justicia no puede haber perdón. Y sin memoria, no puede haber futuro.
ENLACE EXTERNO → Lee un texto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la Guardería ABC de Hermosillo
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