El programa DACA, entre la incertidumbre y la estabilidad

En 2017, Los Ángeles fue testigo de una manifestación pública donde los participantes se reunieron para expresar su apoyo al programa DACA. La asamblea pidió el cese de la vigilancia y las deportaciones, así como la descriminalización de las personas indocumentadas. El evento destacó la postura de la comunidad sobre las políticas de inmigración y los derechos de los inmigrantes. Foto: Molly Adams | Flickr | Creative Commons
En 2017, Los Ángeles fue testigo de una manifestación pública donde los participantes se reunieron para expresar su apoyo al programa DACA. La asamblea pidió el cese de la vigilancia y las deportaciones, así como la descriminalización de las personas indocumentadas. El evento destacó la postura de la comunidad sobre las políticas de inmigración y los derechos de los inmigrantes. Foto: Molly Adams | Flickr | Creative Commons

(Phoenix, Arizona) — En el siempre cambiante panorama de la política de inmigración de Estados Unidos, el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) continúa representando un limbo legal.

El desarrollo más reciente ocurrió el 13 de septiembre de 2023, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas dictaminó que la Regla Final de DACA era ilegal, ampliando la orden de restricción original del 16 de julio de 2021 para cubrir la Regla Final.

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Bajo la última directiva, los documentos actuales de DACA y Autorización de Empleo (EADs) siguen siendo válidos hasta su vencimiento. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS por sus siglas en inglés) procesarán las renovaciones de DACA y las solicitudes de autorización de empleo según las regulaciones existentes. Se aceptarán las solicitudes iniciales de DACA pero no se procesarán.

Esta decisión tiene profundas implicaciones para cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños o adolescentes, conocidos como “Soñadores”.

Antecedentes del programa DACA

El programa DACA fue establecido por la administración Obama en junio de 2012 como una acción ejecutiva, esto es, un decreto presidencial, para proporcionar alivio temporal de la deportación y autorización de trabajo a jóvenes inmigrantes elegibles que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

La política fue una respuesta al fracaso del Congreso en aprobar el Acta para el Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM Act, por sus siglas en inglés), que habría ofrecido a esas mismas personas un camino hacia la ciudadanía.

Los criterios del programa requerían que los solicitantes hubieran llegado a EE. UU. antes de los 16 años, vivieran en el país de manera continua desde el 15 de junio de 2007 y tuvieran menos de 31 años el 15 de junio de 2012.

Los solicitantes también debían estar estudiando, haberse graduado de la escuela secundaria o haber sido dados de baja honorablemente del ejército, y no haber sido condenados por un delito grave, un delito menor de importancia o representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Desarrollos recientes del programa DACA

El reciente fallo del tribunal de Texas no es el primer desafío que enfrenta el programa DACA. Desde su inicio, el programa ha sido objeto de un acalorado debate político y numerosos desafíos legales. La administración Trump intentó rescindir DACA en 2017, pero la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente bloqueó el intento en 2020, citando problemas procesales con la forma en que se manejó la rescisión.

El impacto humano

Las implicaciones de esta decisión se extienden más allá del ámbito legal hacia la vida de los Soñadores. Estas personas han construido sus vidas en Estados Unidos, contribuyendo a sus comunidades y a la economía.

La incertidumbre en torno a su estatus no solo afecta su bienestar mental y emocional, sino que también tiene consecuencias prácticas para su capacidad de trabajar, estudiar y planificar el futuro.

Implicaciones legales y políticas del programa DACA

Legalmente, el fallo de 2023 subraya la naturaleza precaria de las acciones ejecutivas como sustituto de una reforma legislativa integral. Políticamente, destaca las profundas divisiones en la política de inmigración de Estados Unidos y los desafíos de encontrar una solución bipartidista.

El fallo también enfatiza el papel del poder judicial en la conformación de la política de inmigración, un papel que algunos argumentan debería reservarse para el poder legislativo.

A medida que continúan las batallas legales, el destino de los beneficiarios de DACA está en juego. La necesidad de una solución legislativa permanente nunca ha sido más evidente. Los Soñadores, muchos de los cuales no conocen otro hogar que Estados Unidos, esperan una resolución que les brinde la estabilidad y seguridad que merecen.

Los recientes acontecimientos en la saga del programa DACA son un recordatorio contundente de las complejidades y desafíos de la política de inmigración de Estados Unidos. Conforme el debate continúa en los tribunales y los pasillos del Congreso, la vida de cientos de miles de Soñadores sigue siendo incierta.

La resolución de su estatus no solo definirá su futuro, sino que también reflejará los valores y principios sobre los cuales se fundó esta nación. La esperanza es que se pueda alcanzar una solución justa y equitativa, una que reconozca las contribuciones de estas personas y les brinde la oportunidad de seguir prosperando en el único país que muchos de ellos han conocido.

Mientras la situación evolucione, será crucial mantenerse informado y comprender el impacto de estos cambios en las personas y en el país en su conjunto. La historia de DACA está lejos de terminar y su resultado tendrá efectos duraderos en los próximos años.

© 2024, Eduardo Barraza. All rights reserved.

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