(Phoenix, Arizona) — En un hecho inédito en la historia reciente de la pena de muerte en Estados Unidos, Carolina del Sur llevó a cabo su primera ejecución por fusilamiento en 15 años. El ajusticiamiento de Brad Sigmon, condenado por un doble asesinato en 2002, ha generado una ola de reacciones que ponen nuevamente en tela de juicio la legitimidad de la pena capital en el país.
Sigmon, de 67 años, optó por este método debido a la controversia en torno a las inyecciones letales y la electrocución, las otras dos opciones disponibles en el estado. Su abogado, Gerald “Bo” King, argumentó que la historia de ejecuciones fallidas con inyección letal en Carolina del Sur dejaba a su cliente ante una “elección imposible”. Así, la aplicación de este método, legalizado en el estado en 2021, sienta un precedente en la pena de muerte estadounidense.
La ejecución tuvo lugar en la Institución Correccional de Broad River. Sigmon fue asegurado a una silla con un blanco sobre su corazón. Tres tiradores voluntarios, armados con rifles .308 Winchester, dispararon simultáneamente. Testigos describieron la escena como sobria y metódica, con Sigmon pronunciando sus últimas palabras en un llamado al fin de la pena de muerte.
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Este acontecimiento ha reavivado el debate sobre la pena capital en EE. UU., en un momento en que su aplicación enfrenta crecientes desafíos legales, éticos y sociales. Mientras que sus detractores consideran el fusilamiento una práctica arcaica y brutal, sus defensores argumentan que es un método más rápido y efectivo que otros disponibles. Fuera de la prisión, manifestantes alzaron pancartas con lemas como “Toda vida es valiosa” y “Ejecuten justicia, no personas”.
Un panorama cambiante de la pena de muerte en EE. UU.
La ejecución por fusilamiento de Sigmon es solo una pieza en el complejo y cambiante panorama de la pena de muerte en Estados Unidos. En los últimos años, varios estados han revisado sus políticas, enfrentando dificultades prácticas y morales en su aplicación.
Métodos de ejecución en debate. El uso de la inyección letal, el método más empleado en las últimas décadas, ha sido objeto de escrutinio debido a la escasez de fármacos y casos documentados de ejecuciones fallidas. Carolina del Sur, al igual que Alabama, ha recurrido a alternativas como la electrocución, el fusilamiento y, recientemente, la asfixia por nitrógeno.
Un cambio en la política federal. En diciembre de 2024, el presidente Joe Biden conmutó las sentencias de muerte de 37 reclusos federales, alineándose con un creciente movimiento para limitar la aplicación de la pena capital. Esta decisión refleja una tendencia hacia la revisión de los procedimientos judiciales y el reconocimiento de posibles fallos en el sistema.
Reformas estatales en curso. A nivel estatal, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, conmutó las condenas de 15 reos en 2024, citando problemas sistémicos en el proceso penal. En Alabama, la utilización del gas nitrógeno como nuevo método de ejecución marca otro hito en la evolución de la pena de muerte en el país.
Opinión pública y legislación. El apoyo público a la pena de muerte en EE. UU. ha alcanzado su nivel más bajo en cinco décadas. Solo el 53% de los estadounidenses la respaldan, según encuestas recientes. Aunque algunos estados continúan intentando expandir su aplicación, la tendencia general apunta hacia su reducción o eliminación.
Decisiones del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha intervenido en varios casos de pena de muerte. En 2024, ordenó un nuevo juicio para Richard Glossip, un condenado en Oklahoma, debido a mala praxis de la fiscalía. Esta decisión subraya las preocupaciones persistentes sobre la equidad en los procesos capitales.
Contexto internacional. Estados Unidos sigue siendo una de las pocas naciones desarrolladas que mantiene la pena de muerte. Sin embargo, la presión internacional para su abolición sigue en aumento. En 2024, Zimbabwe se sumó a la creciente lista de países que han erradicado la pena capital.
Casos recientes y su impacto en la opinión pública
Algunos casos recientes han impactado el debate sobre la pena de muerte, destacando errores judiciales y preocupaciones sobre la justicia del sistema.
Richard Glossip. En 2025, Tribunal Supremo ordenó un nuevo juicio para Glossip tras determinar que su condena se basó en irregularidades procesales. Su caso ha puesto de relieve la posibilidad de condenas erróneas y la necesidad de una revisión más rigurosa de los casos capitales.
Melissa Lucio. En Texas, la ejecución de Melissa Lucio fue suspendida en 2022 tras la presentación de nuevas pruebas que podrían demostrar su inocencia en la muerte de su hija. Su caso ha generado amplias discusiones sobre la equidad de los juicios y la posibilidad de ejecutar a personas inocentes.
Julius Jones. En 2021, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, conmutó la pena de muerte de Julius Jones a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, horas antes de su ejecución. Su caso, marcado por denuncias de racismo y defensa inadecuada, movilizó a la opinión pública y puso en tela de juicio la imparcialidad del sistema.
El futuro de la pena de muerte en EE. UU.
La ejecución por fusilamiento de Brad Sigmon por fusilamiento no solo ha puesto a Carolina del Sur en el centro del debate, sino que también ha subrayado la continua transformación de la pena de muerte en Estados Unidos. Con una opinión pública cambiante, reformas estatales en curso y cuestionamientos sobre la justicia del sistema, el futuro de la pena capital en el país sigue siendo incierto.
Lo que es innegable es que cada ejecución y cada caso de condena errónea avivan la discusión sobre si la pena de muerte tiene cabida en una sociedad que valora la justicia y los derechos humanos.
Cómo es el procedimiento de ejecución por fusilamiento en Carolina del Sur
La ejecución por fusilamiento en Carolina del Sur se lleva a cabo en la Institución Correccional Broad River, donde el condenado es asegurado a una silla metálica colocada sobre un colector de líquidos. Los testigos observan el procedimiento desde una sala separada por un vidrio a prueba de balas.
Antes de la ejecución, se realizan los preparativos finales. Un funcionario penitenciario coloca una capucha sobre la cabeza del prisionero, mientras un médico marca un objetivo sobre su corazón. Tres voluntarios del Departamento de Correcciones, que han recibido entrenamiento específico, toman posición a 15 pies (4.6 metros) de distancia detrás de una abertura en la pared que los mantiene fuera de la vista de los testigos.
Cada miembro del escuadrrón dispara un rifle cargado con munición .308-caliber Winchester 110-grain TAP Urban, diseñada para fragmentarse al impacto y causar daño letal en el corazón. Una vez realizados los disparos, un médico ingresa a la cámara de ejecución para confirmar la muerte del prisionero.
El procedimiento es presenciado por periodistas, familiares de las víctimas y el abogado del condenado. Momentos antes de la ejecución, el gobernador y la oficina del fiscal general son consultados para confirmar si existe algún indulto o intervención legal que suspenda la sentencia.
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