(México) — El año 2006 marcó un punto de inflexión en la historia sociopolítica de Oaxaca, cuando un conflicto magisterial escaló en cuestión de meses hasta convertirse en una crisis de dimensiones nacionales e internacionales.
Lo que comenzó como una huelga en demanda de mejoras salariales y laborales para los docentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se transformó en un movimiento de resistencia más amplio, con la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La respuesta del gobierno estatal, encabezado por el priista Ulises Ruiz Ortiz, fue contundente: un fallido operativo de desalojo, detenciones arbitrarias y el uso de fuerzas policiales para reprimir las protestas. Con el tiempo, la escalada del conflicto trajo consigo violencia, asesinatos y una intervención federal con el despliegue de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Sin embargo, la complejidad del conflicto oaxaqueño radica en que no solo se trató de una confrontación entre gobierno y magisterio, sino que involucró a múltiples actores, intereses políticos y una serie de eventos cuyas interpretaciones siguen siendo objeto de debate hasta el día de hoy.
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Orígenes de la huelga magisterial y surgimiento de la APPO
Desde 1980, la Sección 22 del SNTE ha sido una de las más combativas del país, con una tradición de protestas anuales para exigir incrementos salariales y mejoras en infraestructura educativa.
En 2006, el pliego petitorio presentado al gobernador Ulises Ruiz el 1 de mayo incluía aumentos de sueldo, beneficios laborales y apoyos a la educación indígena.
Ante la negativa del gobierno estatal de atender estas demandas, los docentes iniciaron el 22 de mayo una huelga indefinida, acompañada de la toma del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Esta forma de protesta no era nueva; sin embargo, la situación escaló cuando otros sectores de la sociedad civil, descontentos con la gestión de Ruiz Ortiz, se sumaron al movimiento.
El 14 de junio, la administración estatal ordenó el desalojo del plantón. La operación, ejecutada en la madrugada por la Policía Estatal, incluyó el uso de gases lacrimógenos y fuerza física. Sin embargo, los manifestantes resistieron y, tras enfrentamientos con las fuerzas del orden, lograron retomar la plaza central.
Lejos de disuadir la protesta, el intento de desalojo radicalizó el movimiento y llevó a la conformación, el 17 de junio, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), una coalición de más de 365 organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales e indígenas que pronto asumió el liderazgo de la resistencia.
La escalada del conflicto: violencia y control de la ciudad
En los meses siguientes, la APPO intensificó sus acciones, estableciendo barricadas en distintos puntos de la ciudad y tomando estaciones de radio y televisión para difundir su mensaje. Aunque la organización se presentó como un movimiento pacífico de resistencia civil, surgieron denuncias sobre actos de violencia por parte de algunos de sus integrantes.
Reportes periodísticos y gubernamentales indicaron que en varios puntos de la ciudad se registraron ataques con bombas molotov, saqueos a edificios gubernamentales y daños a infraestructura pública, lo que llevó a que algunos sectores de la población comenzaran a oponerse a la movilización.
Paralelamente, el gobierno estatal y grupos afines a Ulises Ruiz también recurrieron a tácticas violentas. Según reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, se documentaron desapariciones forzadas, asesinatos de activistas y detenciones arbitrarias de miembros de la APPO. Durante este periodo, se reportaron muertes en distintos enfrentamientos, aunque el número exacto varía según la fuente.
Uno de los eventos que más repercusión tuvo fue el asesinato, el 27 de octubre, del periodista estadounidense Bradley Roland Will (Brad Will), quien documentaba el conflicto cuando fue baleado en Santa Lucía del Camino.
Mientras que la APPO y diversos medios internacionales señalaron a presuntos francotiradores vinculados al gobierno estatal como responsables, investigaciones posteriores de la Procuraduría General de la República (PGR) y de organismos independientes plantearon la posibilidad de que Will hubiera sido abatido a corta distancia por personas dentro del movimiento.
El caso sigue rodeado de controversia, y las versiones oficiales han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos.
Intervención federal y desmantelamiento del movimiento
Tras la muerte de Brad Will y el recrudecimiento de la violencia, la administración del entonces presidente Vicente Fox decidió intervenir. El 29 de octubre, la Policía Federal Preventiva (PFP) ingresó a Oaxaca con tanquetas antimotines, desplegándose en el centro de la ciudad. El operativo logró el desalojo de las barricadas y la dispersión de manifestantes, aunque se registraron nuevos enfrentamientos y más detenciones. Según el gobierno federal, la operación se llevó a cabo sin pérdidas humanas, pero la CNDH reportó al menos dos muertos en los choques.
A pesar de la ocupación policial, la APPO intentó reorganizarse, y en noviembre celebró su congreso constitutivo para definir su futuro como movimiento político. Sin embargo, la represión y las detenciones debilitaron su capacidad de acción.
El 4 de diciembre, Flavio Sosa Villavicencio, uno de los dirigentes más visibles del movimiento, fue detenido en la Ciudad de México junto con otros miembros de la APPO, acusado de delitos como sedición, secuestro y daños a la propiedad. Su captura marcó un golpe decisivo contra el liderazgo de la organización.
Secuelas del conflicto: impacto social, económico y político
El conflicto dejó profundas heridas en la sociedad oaxaqueña. En el ámbito económico, la crisis afectó gravemente la industria turística, con pérdidas estimadas en cientos de millones de pesos debido a la cancelación de festivales y la drástica reducción del número de visitantes. En lo educativo, más de un millón de estudiantes quedaron sin clases durante más de cinco meses, lo que generó críticas hacia el magisterio y su método de lucha.
Políticamente, el conflicto magisterial debilitó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, que en las elecciones de 2006 perdió la mayoría de los distritos que controlaba. Aunque Ulises Ruiz logró permanecer en el cargo hasta el final de su mandato, su gestión quedó marcada por el estigma de la represión y el descontento social.
A inicios de 2007, la APPO continuó exigiendo la renuncia del gobernador y la liberación de sus presos, aunque con una fuerza considerablemente mermada. A nivel nacional, el conflicto de Oaxaca dejó un precedente en la historia de los movimientos sociales en México, evidenciando las tensiones entre el poder estatal, la lucha sindical y la resistencia ciudadana.
En conclusión, el conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca fue más que una huelga magisterial; fue un choque entre diferentes visiones de poder, justicia y derechos sociales en México.
Mientras que el gobierno estatal y sus aliados defendieron su actuación como una respuesta legítima para restablecer el orden, la APPO y organismos de derechos humanos denunciaron una estrategia de represión sistemática.
Casi 20 años después, las secuelas del conflicto aún se reflejan en la memoria colectiva de Oaxaca y en la lucha por mejores condiciones laborales y democráticas en el país.
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