(Phoenix, Arizona) — Desde el inicio del año 2017, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha reportado la muerte de 70 personas que se encontraban bajo su custodia en centros de detención. Este cifra no incluye a aquellos que fallecieron poco después de ser liberados de la detención, una práctica que ICE reconoce que reduce el recuento oficial de muertes y elude los requisitos de rendición de cuentas.
La frecuencia alarmante de estas muertes pone de manifiesto problemas graves y persistentes dentro de los centros de detención de ICE, especialmente en lo que respecta al cuidado médico y de salud mental, y destaca una preocupante falta de responsabilidad por estas muertes.
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Un informe exhaustivo realizado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Médicos por los Derechos Humanos (PHR) y American Oversight examina las muertes de 52 personas bajo custodia de ICE desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021.
El análisis se basa en más de 14,500 páginas de documentos obtenidos mediante solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y litigios civiles. El informe revela fallas críticas en los mecanismos internos de supervisión de ICE, que no realizan investigaciones rigurosas, imponen consecuencias significativas o mejoran las condiciones en los centros detención.
Las investigaciones de muertes bajo la custodia de ICE a menudo permiten la destrucción de evidencia, no entrevistan a testigos clave y omiten hechos importantes. En algunos casos, los testigos presenciales fueron liberados justo antes de que los investigadores pudieran hablar con ellos, y se destruyó o sobrescribió evidencia de video crucial.
Los informes de investigación de ICE a menudo omiten hechos que podrían indicar la responsabilidad de las instalaciones de detención o de ICE mismo. Por ejemplo, los informes sobre las muertes de personas como Efraín de la Rosa y María Celeste Ochoa de Yoc no revelaron condiciones peligrosas y malentendidos críticos.
Las prácticas de autopsia inconsistentes y potencialmente poco confiables socavan la credibilidad de las investigaciones de muertes. A pesar de que el Congreso ha ordenado que ICE no puede financiar instalaciones que fallen en dos inspecciones consecutivas, ninguna instalación ha perdido su contrato. Las sanciones financieras han sido mínimas e ineficaces para provocar mejoras.
Mayoría de las muertes en centros de detención de ICE podrían haberse evitado
El informe en inglés titulado “Fallas Mortales: Muertes Evitables en la Detención de Inmigración en los Estados Unidos” destaca que la gran mayoría de las muertes podrían haberse evitado con atención médica adecuada. Los expertos médicos concluyeron que el 95% de las muertes revisadas eran prevenibles o posiblemente prevenibles.
En el 88% de los casos, el personal médico de ICE realizó diagnósticos incorrectos o incompletos. Por ejemplo, Jesse Jerome Dean, Jr. murió por una hemorragia gastrointestinal no diagnosticada a pesar de síntomas graves. En el 79% de los casos, el tratamiento fue inapropiado o se retrasó.
Carlos Mejía-Bonilla, por ejemplo, murió por una hemorragia gastrointestinal después de recibir un medicamento contraindicado para su cirrosis. En el 40% de los casos, las instalaciones de ICE no proporcionaron atención de emergencia oportuna. Henry Missick murió de un ataque al corazón después de ser descuidado en una sala de espera durante más de una hora.
Los centros de detención de ICE han enfrentado un aumento en los suicidios debido a la atención deficiente de salud mental y la mala gestión de medicamentos psiquiátricos. Por ejemplo, Efraín de la Rosa se suicidó después de no recibir su medicamento antipsicótico recetado. Los detenidos que no hablan inglés a menudo reciben atención inadecuada debido a la falta de servicios adecuados de interpretación. Simratpal Singh, que solo hablaba unas pocas palabras de inglés, no fue monitoreado adecuadamente para detectar tendencias suicidas y murió por suicidio.
Durante la pandemia de COVID-19, las instalaciones de ICE no proporcionaron protecciones básicas como jabón y mascarillas faciales. Las transferencias entre instalaciones con brotes exacerbaban la propagación del virus. James Thomas Hill, un hombre de 72 años, murió de COVID-19 después de contraer el virus en detención.
Medidas sugeridas en el informe
Para abordar estos problemas sistémicos, el informe hace varias recomendaciones al Departamento de Seguridad Nacional, al Congreso y a los gobiernos estatales y locales.
Entre estas medidas se incluyen: desmantelar el sistema de detención y garantizar la liberación rápida de aquellos con vulnerabilidades médicas y de salud mental. Además, implementar directivas para limitar el uso del confinamiento solitario, terminar los contratos de las instalaciones que causen muertes y asegurar investigaciones completas sobre las muertes en custodia. También se propone reducir el financiamiento de la detención, aumentar el financiamiento para alternativas comunitarias y realizar audiencias e investigaciones sobre las fallas de ICE.
Se exige a ICE que informe públicamente sobre muertes, investigaciones y acciones correctivas, y se plantea aprobar legislación para evitar que las instalaciones locales celebren acuerdos con ICE y exigir la divulgación de registros relacionados con muertes en detención.
Las muertes en custodia de ICE son un indicador contundente de las fallas sistémicas dentro del sistema de detención de inmigración. Sin reformas significativas y rendición de cuentas, estas tragedias evitables continuarán. Las recomendaciones ofrecidas ofrecen un camino hacia un enfoque más humano y justo para la ejecución de la inmigración.
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