Tras una reunión virtual con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris dio a conocer un paquete de ayuda humanitaria de 310 millones de dólares para Centroamérica, mientras que el canciller guatemalteco Pedro Brolo anunció un acuerdo con Estados Unidos para establecer un nuevo grupo de trabajo conjunto de protección fronteriza que incluiría 16 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Dos semanas después de la primera llamada telefónica de Harris con Giammattei y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a fines de marzo, el gobierno de Joe Biden comenzó a militarizar México y Centroamérica con fuerzas ajenas en sus fronteras compartidas, incluyendo el despliegue de 10,000 tropas mexicanas en su frontera con Guatemala, 1,500 soldados guatemaltecos en su frontera con Honduras y un “aumento” de 7,000 efectivos dentro de Honduras.
Si bien la ayuda humanitaria se necesita desesperadamente, reforzar las fuerzas de seguridad en Centroamérica mientras se quiere quedar bien con los líderes autoritarios solo complicaría la criminalidad y la corrupción que obligan a tantas familias y jóvenes a buscar refugio seguro en Estados Unidos. Las oscuras relaciones entre la policía, el poder judicial, los cárteles, el crimen organizado y las pandillas mezclan la vida cotidiana con el miedo, al mismo tiempo que facilitan la migración ilegal a través de las redes de tráfico. Para detener la migración desde Centroamérica, necesitamos una comisión con apoyo internacional para investigar y enjuiciar la corrupción en toda la región, no un grupo de trabajo liderado por Estados Unidos sobre la corrupción que se está considerando en la actualidad. Estados Unidos debe elegir cuidadosamente a sus socios institucionales en esta búsqueda.
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En marzo, Estados Unidos ratificó un acuerdo por $530,000 en asistencia estadounidense a la Comisión Presidencial contra la Corrupción de Giammattei. En una semana, los derechos de los guatemaltecos a la libertad de reunión fueron suspendidos en cinco departamentos cercanos a la frontera con Honduras. Tras un decreto similar en enero, la policía y los soldados del ejército guatemalteco atacaron a un grupo de familias hondureñas con gas lacrimógeno y macanas en un puesto de control. El 30 de marzo, un soldado mexicano mató a un guatemalteco en un puesto de control fronterizo tras la reciente repatriación de 13 guatemaltecos asesinados por la policía mexicana cerca de la frontera con Estados Unidos.
Al igual que la contribución de marzo de 2021 a la Comisión de Giammattei, más ayuda a su gobierno no frenará el éxodo de guatemaltecos ni tendrá un mínimo efecto en la lucha contra la corrupción. En 2012, Giammattei fue arrestado por su papel como director nacional de prisiones por la masacre de la prisión de Pavón en 2006, categorizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –respaldada por la ONU– como una serie de ejecuciones extrajudiciales planificadas. Después de que le retiraron los cargos, Giammattei se postuló para presidente promoviendo la masacre como su “exitosa” recuperación de la prisión. Giammattei ganó su cuarta campaña para la presidencia en 2019 después de que la principal candidata, la ex fiscal general y luchadora contra la corrupción Thelma Aldana, fuera conducida hacia el exilio. En febrero de 2021, Aldana publicó “Tengo miedo de volver a Guatemala y ser asesinada” en #TengoMiedo, la campaña de Twitter de Guatemala contra la violencia de género. Con el asilo político otorgado en Estados Unidos, Aldana se une a su predecesora en el exilio, la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, quien llevó a cabo casos exitosos de anticorrupción con la CICIG, y obtuvo condenas de oficiales del ejército involucrados en el genocidio de la década de 1980.
Giammattei afirma que Guatemala ya no necesita una presencia internacional para que los fiscales hagan su trabajo de manera segura. Pero si esto fuera cierto, las dos principales combatientes de la corrupción, Aldana y Paz y Paz, no estarían en el exilio, y la actual fiscal general no estaría usando el poder de su ministerio para presentar cargos engañosos contra la misma unidad del fiscal destinada a investigar la corrupción. Más recientemente, a la encargada de la lucha anticorrupción y jueza electa Gloria Porras se le negó su asiento en la Corte de Constitucionalidad debido a un turbio desafío legal que despojó a la corte de su independencia y dejó a los jueces vulnerables a los caprichos de los poderosos.
Ya sean los fiscales generales que buscan perseguir la corrupción o los ciudadanos comunes que intentan tomar un autobús para ir al trabajo sin tener que pagar un “impuesto” a la pandilla local, el estado de derecho es esencial para que la sociedad guatemalteca brinde a sus ciudadanos una medida de seguridad. La corrupción impulsa la migración legal e ilegal porque colapsa el espacio público y las posibilidades ciudadanas. La migración de Guatemala se redujo un 35% durante el primer año de trabajo anticorrupción de la CICIG en Guatemala. Durante cinco años, la cantidad de guatemaltecos detenidos en la frontera de Estados Unidos siguió disminuyendo. Los éxitos de la CICIG son un modelo a seguir por la región para luchar contra la corrupción.
La comisión anticorrupción de Giammattei es la última de una larga lista de conspiraciones fraudulentas presidenciales en Guatemala. El ex presidente Otto Pérez Molina, un ex general, utilizó la secretaría de la presidencia para establecer su propio sistema de impuestos a las importaciones. Llamada “La Línea”, los $120 millones robados de las arcas de aduanas fueron parte de los $535 millones perdidos por corrupción en 2015. La acusación formal contra Pérez Molina y otros funcionarios de alto rango reveló los complejos acuerdos que vinculan a los políticos con estructuras de seguridad, los cárteles, el crimen organizado y el sector privado. Los guatemaltecos apoyaron abrumadoramente a la CICIG porque ofrecía una idea de cómo el estado de derecho podría romper el dominio absoluto de los estafadores y las organizaciones clandestinas en el Estado. Si bien la migración guatemalteca se disparó durante los primeros dos años del régimen corrupto de Pérez Molina, el número de guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos disminuyó en un 29% cuando Pérez Molina fue arrestado por cargos de corrupción en 2015.
Aunque no era del agrado de los poderosos y los corruptos, la CICIG tenía un índice de aprobación del 75% en Guatemala. Trabajando con fiscales guatemaltecos, se desmantelaron más de 70 redes criminales, se investigaron y procesaron 100 casos de fuerte impacto, 600 sospechosos fueron llevados a juicio y 400 fueron condenados. Los enjuiciamientos de la CICIG apoyaron a los fiscales guatemaltecos e hicieron posible que los ciudadanos comunes tuvieran acceso a la justicia. Mientras los poderosos y corruptos intensificaban los implacables ataques contra la CICIG y el anterior gobierno estadounidense guardaba silencio, el entonces presidente Jimmy Morales, quien estaba bajo investigación, no renovó el mandato de la CICIG en 2019, y un récord de 264,168 guatemaltecos fueron capturados en la frontera México-Estados Unidos.
La corrupción es la fuente de una creciente desigualdad, de menores posibilidades de vida, del hambre y la violencia que impulsan la migración. Si se hace un rastreo del dinero, el tráfico y el crimen organizado involucran a actores criminales transnacionales, pero también involucran políticas gubernamentales fallidas y un apoyo inadecuado a los esfuerzos regionales e internacionales para combatir la corrupción y la impunidad. El gobierno de Estados Unidos proporcionó un promedio de $4 millones de dólares anuales a la CICIG durante 12 años, una suma insignificante en comparación con los $60 millones gastados semanalmente para albergar en EE.UU. a menores no acompañados en la frontera.
El apoyo para el acceso a la educación, el crecimiento económico, la expansión de las oportunidades laborales y la mejora de la democracia son puntos de referencia para los programas de ayuda internacional de Estados Unidos, pero no pueden prosperar en los países corruptos de Centroamérica. La vicepresidenta Harris puede abordar las causas fundamentales de la migración y restablecer las prioridades estadounidenses de fortalecer los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia trabajando con las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos para reiniciar la CICIG como una comisión regional independiente contra la impunidad con poder para investigar y enjuiciar la corrupción y la criminalidad en Guatemala, El Salvador y Honduras.
(Las opiniones expresadas aquí son las de la autora)
—Traducido del inglés por Eduardo Barraza
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La Dra. Victoria Sanford es la autora del libro en inglés “Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala” (Secretos Enterrados: Verdad Y Derechos Humanos En Guatemala), y el de próxima publicación “Bittersweet Justice: Feminicide & Impunity in Guatemala” (Justicia agridulce, feminicidio e impunidad en Guatemala).
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