PHOENIX — La captura de Sebastián Marset, presunto capo uruguayo considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del continente y autoproclamado “el Rey del Sur”, se produjo el viernes en un barrio residencial de alta gama de Santa Cruz, Bolivia, y fue seguida de su traslado inmediato a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por lavado de dinero.
El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, informó en rueda de prensa que la operación no dejó muertos ni heridos. Señaló que agentes de la DEA no participaron en la captura, aunque sí coordinaron el traslado del detenido vía Lima. Marset había convertido a Santa Cruz en su base de operaciones, afirmó. Cuatro personas, incluida una mujer, fueron detenidas en dos viviendas allanadas.
Paraguay, Uruguay, Brasil y Europol confirmaron la detención. Marset, de 34 años, es señalado como líder de una organización conocida como el llamado “Primer Cartel Uruguayo” y acusado de exportar toneladas de cocaína a Europa. Washington ofrecía hasta dos millones de dólares de recompensa por su captura. El Departamento de Estado de EE. UU. celebró la acción en redes: “Capturado. El reinado de terror y viokencia de Sebastián Marset ha terminado”.
CAPTURED. Sebastian Marset’s reign of terror and chaos is over. Thanks to President @Rodrigo_PazP‘s leadership and rapidly strengthening U.S.-Bolivia law enforcement cooperation, notorious drug trafficker Marset will face justice. The Shield of the Americas is making our region… pic.twitter.com/fv9Nx5xoh6
— US Dept of State INL (@StateINL) March 13, 2026
El retorno de la DEA tras 17 años de ruptura
Bolivia restableció la cooperación operativa plena con la DEA el mes pasado, tras una ruptura de 17 años iniciada durante el gobierno de Evo Morales. En 2008, Morales expulsó a la agencia estadounidense y cortó todo vínculo, acusándola de espionaje, injerencia política y violación de la soberanía nacional. El entonces presidente, primer mandatario indígena del país y exlíder cocalero, enmarcó la decisión en una postura antiimperialista y en el rechazo a las estrategias de erradicación forzada impulsadas por Washington.
La ruptura se produjo en medio de una crisis diplomática mayor: Bolivia también expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, acusándolo de alentar protestas opositoras. Morales defendió que la DEA había excedido su mandato antidrogas para apoyar actores políticos opositores. El resultado fue una suspensión de preferencias arancelarias por parte de EE. UU. y varias descertificaciones anuales de Bolivia en materia de cooperación antinarcóticos. La cooperación técnica indirecta tardó años en reanudarse de forma limitada.
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Del “coca sí, cocaína no” de Morales al “abrazos, no balazos” de López Obrador
La política emblemática de Morales, sintetizada en el lema “coca sí, cocaína no”, buscaba distinguir el cultivo tradicional de hoja de coca —usado ancestralmente por comunidades indígenas— de su procesamiento ilegal en cocaína. El modelo permitió cultivos regulados con límites negociados con sindicatos cocaleros, monitoreo comunitario y énfasis en la interdicción selectiva de laboratorios y rutas de exportación.
Los resultados fueron mixtos. Según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la superficie de coca se estabilizó e incluso disminuyó en algunos periodos de la década de 2010, con menos enfrentamientos violentos entre cultivadores y fuerzas de seguridad que en épocas de erradicación forzada. Sin embargo, las redes de tráfico demostraron gran resiliencia: Bolivia siguió siendo hub de procesamiento de cocaína peruana y las rutas se diversificaron hacia Brasil, Paraguay y Argentina. Diversos especialistas sostienen que el enfoque redujo conflictos sociales y ganó legitimidad estatal en regiones como el Chapare, pero no desmanteló las estructuras transnacionales.
Agentes policiales resguardan el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia, donde —según reportes— el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset era trasladado tras un operativo realizado el 13 de marzo de 2026 por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Considerado uno de los principales traficantes de drogas de América Latina y buscado en varios países, incluido Estados Unidos, Sebastián Enrique Marset Cabrera fue detenido ese viernes en Bolivia.
Esa estrategia de izquierda, centrada en soberanía y control comunitario, guarda ciertos paralelismos con la doctrina “abrazos, no balazos” impulsada por Andrés Manuel López Obrador en México a partir de 2018. El expresidente rechazó la confrontación directa con los cárteles y priorizó programas sociales para atacar las causas de la violencia, evitando lo que llamó “guerra contra el narco” al estilo Calderón.
Los balances también son controvertidos. Durante el sexenio de López Obrador, México registró niveles elevados de violencia: entre enero de 2018 y diciembre de 2024 se contabilizaron 241.967 víctimas de homicidio doloso a nivel nacional, según el informe Atlas de Homicidios México 2024: Siete años, miles de víctimas, de México Unido Contra la Delincuencia, mientras los cárteles ampliaron su control territorial y económico.
En ciudades como Culiacán, los homicidios crecieron con fuerza reciente —45% en 2023 y 89% en 2024— en medio de enfrentamientos entre fuerzas armadas y el Cártel de Sinaloa, en un contexto de expansión territorial y económica de los grupos criminales.
La producción de fentanilo se disparó y las exportaciones hacia EE. UU. se multiplicaron. Aunque se evitó una escalada bélica masiva como en años previos, la estrategia no logró reducir significativamente el poder de las organizaciones criminales ni cortar sus rutas de suministro de precursores asiáticos.
Tanto Morales como López Obrador representaron gobiernos de izquierda que tensionaron sus relaciones con Washington y la DEA. Morales rompió abiertamente; López Obrador mantuvo cooperación con fricciones constantes por temas de soberanía y críticas a la “militarización”. Ambos países son productores y rutas clave de cocaína y opioides, con cárteles que operan con impunidad transfronteriza.
Conversamos con Evo Morales, leal dirigente del pueblo de Bolivia y el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe. pic.twitter.com/lJERjuhTwn
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2021
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (der.), durante una reunión con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en Palacio Nacional el 21 de octubre de 2021, en Ciudad de México. Ambos promovieron enfoques centrados en soberanía y contención social frente al narcotráfico —del “coca sí, cocaína no” al “abrazos, no balazos”—, hoy reevaluados ante el giro reciente en la política antidrogas regional.
Paz y Sheinbaum: acciones concretas tras las palabras
La captura de Sebastián Marset y la reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 22 de febrero en una operación mexicana en Jalisco, reportada oficialmente por el gobierno mexicano, ilustran un cambio de tono en ambos países.
En Bolivia, el centrista Rodrigo Paz Pereira —presidente desde 2025— celebró la detención como “punto de inflexión” y parte de una coalición multinacional. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la retórica social de su mentor López Obrador, pero ha autorizado operaciones de alto perfil contra capos.
La administración Trump, por su parte, ha endurecido su postura: designó formalmente a varios cárteles como organizaciones terroristas, impulsó una coalición militar regional y exige extradiciones rápidas. Paz y Sheinbaum han respondido con cooperación selectiva —Bolivia reanudando la DEA, México ejecutando operativos quirúrgicos— sin renunciar del todo a sus marcos ideológicos.
Como señala Vanda Felbab-Brown, analista de seguridad y crimen organizado de la Brookings Institution, el mercado criminal mexicano se ha vuelto “altamente fragmentado”, lo que evidencia los límites de las estrategias centradas en capos. En esa línea, analistas advierten que la captura de Sebastián Marset y la eliminación de “El Mencho” representan victorias tácticas, no estructurales: las redes criminales muestran alta capacidad de recomposición. Bolivia y México aún enfrentan cultivos récord en algunas zonas, corrupción institucional y la demanda estadounidense de drogas que alimenta el negocio.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (izq.), ofrece una conferencia de prensa en La Paz junto al comandante general de la Policía Boliviana, Mirco Sokol, tras la detención del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026. Considerado un notorio traficante de drogas que evadió a las autoridades en América Latina durante años y figuraba en la lista de los más buscados de Estados Unidos, Marset fue arrestado ese día en Bolivia.
Un nuevo equilibrio entre soberanía y pragmatismo
La captura de Sebastián Marset llega en un momento en que La Paz y Ciudad de México buscan equilibrar soberanía con pragmatismo. De la utopía regulada de Morales y la contención social de López Obrador, los gobiernos actuales sugieren que, sin inteligencia compartida y presión sostenida, los lemas históricos resultan insuficientes ante cárteles que ya no respetan fronteras ni ideologías.
Más que un giro doctrinal, el momento apunta a una recalibración silenciosa de la política antidrogas en la región. La cooperación selectiva, el intercambio de inteligencia y los operativos coordinados comienzan a imponerse como herramientas inevitables frente a redes criminales transnacionales cada vez más adaptables. El desafío, hacia adelante, será sostener ese pragmatismo sin diluir los márgenes de soberanía ni repetir los ciclos de militarización que marcaron etapas previas.
ENLACE EXTERNO → Capturan en Bolivia al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset
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