MÉXICO — La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sido calificada por autoridades mexicanas como un “golpe histórico” en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno destacó la coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, con apoyo de inteligencia estadounidense, en el operativo que acabó con su vida el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.
Oseguera, de 59 años, resultó gravemente herido durante un enfrentamiento en una zona boscosa cercana a una cabaña de lujo donde se ocultaba. Murió en el traslado aéreo hacia Ciudad de México, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional. El operativo dejó múltiples bajas: autoridades reportaron la muerte de varios presuntos integrantes del CJNG y detenciones, aunque cifras exactas varían; asimismo, se registraron pérdidas entre elementos de seguridad.
La respuesta del crimen organizado fue inmediata y violenta. En las horas y días siguientes se reportaron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos armados en Jalisco y estados vecinos como Michoacán, lo que generó caos temporal y alertas de seguridad, incluso para viajeros extranjeros.
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Un patrón histórico de anuncios triunfales
Este patrón no es inédito. Anuncios similares han marcado hitos previos: la captura del exlíder del Cártel del Golfo, Juan García Ábrego en 1996, la extradición de Joaquín “el Chapo” Guzmán a Estados Unidos en 2017 (tras su recaptura en 2016) y la detención de Ismael “el Mayo” Zambada en julio de 2024 en territorio estadounidense. En cada caso, las autoridades presentaron el hecho como una reafirmación del control estatal sobre el uso legítimo de la fuerza.
Sin embargo, la historia mexicana muestra que la neutralización de un líder no desmantela automáticamente las estructuras criminales. Los cárteles se adaptan: surgen nuevos jefes, se reconfiguran alianzas y persisten las actividades ilícitas. Expertos han advertido que la muerte de “el Mencho” podría generar una reacomodación interna en el CJNG y disputas por el liderazgo, más que un debilitamiento definitivo.
Raíces históricas del monopolio de la violencia
El desafío del monopolio de la violencia en México tiene raíces históricas profundas. Durante el Porfiriato (1876-1911), el Estado centralizó el poder coercitivo mediante un ejército profesionalizado y los cuerpos rurales, suprimiendo disidencias para atraer inversión extranjera y garantizar estabilidad. La “paz porfiriana” se sostuvo en la coerción, no en la legitimidad amplia.
En el siglo XXI, la militarización de la seguridad pública, intensificada desde 2006, ha marcado la respuesta estatal ante organizaciones que controlan territorios, rutas y economías ilícitas. Cada operativo exitoso se comunica como evidencia de capacidad institucional, pero la fragmentación territorial y la resiliencia criminal indican que el control efectivo no siempre coincide con el monopolio formal.
La caída de un líder visible, como ocurrió con Rafael Caro Quintero en los años ochenta, revela que el desmantelamiento requiere acciones más amplias: erradicación de cultivos, destrucción de laboratorios, interrupción de rutas logísticas y, sobre todo, golpes financieros mediante congelamiento de activos, decomiso de empresas fachada y persecución de redes de lavado.
La muerte de “el Mencho” representa un hito significativo en la ofensiva contra el CJNG, uno de los grupos más poderosos y violentos del continente. Pero el interrogante persiste: ¿puede el Estado mexicano construir un monopolio de la violencia duradero, basado no solo en operativos espectaculares, sino en instituciones sólidas, legitimidad social y desarrollo equitativo en territorios vulnerables? La respuesta definirá si este episodio marca un punto de inflexión o solo otro capítulo en un ciclo de adaptación criminal.
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