PHOENIX — Los cruces no autorizados en la frontera entre Estados Unidos y México se desplomaron a mínimos históricos en 2025, impulsados por una ofensiva de control migratorio bajo la segunda administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, estas políticas de generaron un clima de temor generalizado entre las comunidades migrantes y tensaron la relación bilateral con México.
De enero a noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró 117,105 encuentros de control en la frontera suroeste, una caída del 37% frente al promedio mensual de 185,625 observado durante la administración anterior. El cierre del año fiscal, hasta septiembre, sumó 444,000 encuentros, muy por debajo de los 2.1 millones del año previo, devolviendo los flujos a un patrón dominado por adultos mexicanos que viajan solos y menores no acompañados de Centroamérica.
El giro fue tan marcado que provocó el primer descenso de la población nacida en el extranjero en Estados Unidos desde la década de 1960, al pasar de 53.3 millones en enero a 51.9 millones en junio. Aunque comunidades fronterizas reportaron jornadas más tranquilas y menos pacientes con lesiones en hospitales de trauma, el endurecimiento migratorio tuvo efectos en cascada en hogares inmigrantes de todo el país, alimentando la evasión de actividades cotidianas y alterando sectores económicos dependientes de esta mano de obra.
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Políticas que aceleraron el cambio
La toma de posesión de Trump, el 20 de enero, marcó el rumbo con una proclamación que suspendió las solicitudes de asilo para quienes cruzaran la frontera sur fuera de los puertos de entrada. La orden apeló a la autoridad presidencial prevista en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cerrando de facto los accesos y bloqueando protecciones humanitarias.
Acciones ejecutivas posteriores ampliaron las expulsiones aceleradas a todo el país, impusieron la detención obligatoria para la mayoría de las personas recién llegadas y desplegaron cerca de 7,000 tropas militares en la frontera. Para marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había detenido a 32,809 personas no ciudadanas en operativos dentro del país, una cifra que casi igualó el total del año fiscal anterior. El Congreso aprobó 170,000 millones de dólares para labores de control, incluidos recursos para ampliar la capacidad de detención a 100,000 camas diarias.
En julio, la promulgación de la llamada One Big Beautiful Bill Act (un paquete enorme de medidas fiscales y presupuestarias) recortó beneficios a inmigrantes con estatus legal, como acceso a servicios de salud y apoyos alimentarios, y estableció un impuesto a las remesas para financiar la construcción del muro fronterizo. Además, se impusieron vetos migratorios a ciudadanos de 19 países y se suspendieron procesos de asilo y visas para personas de esas naciones.
Las cifras respondieron de inmediato. En febrero, los encuentros cayeron 81%, de 61,447 en enero a 11,709. Para junio, el total nacional alcanzó un mínimo histórico de 25,228, con solo 6,072 detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México, 15% por debajo del récord anterior. Octubre marcó el inicio de año fiscal más bajo jamás registrado, con 30,573 encuentros en total.
Durante siete meses consecutivos no se permitió el ingreso bajo libertad condicional de ningún migrante desde la frontera entre Estados Unidos y México, un contraste radical frente a las liberaciones de años anteriores.
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El costo humano para migrantes y comunidades
El aumento de los operativos profundizó la ansiedad entre distintos grupos de inmigrantes. Una encuesta de KFF y The New York Times reveló que 41% de las personas inmigrantes temía ser detenida o deportada, frente al 26% en 2023. El incremento fue más pronunciado entre residentes con estatus legal y ciudadanos naturalizados. Tres de cada diez evitaron acudir a servicios médicos, ir a trabajar o viajar, incluida una tercera parte de quienes cuentan con presencia legal.
La mitad de los inmigrantes reportó dificultades económicas para cubrir necesidades básicas, frente a tres de cada diez dos años antes, en un contexto de presión económica generalizada. En California, la participación laboral de trabajadores no ciudadanos cayó 7.2% de mayo a junio tras redadas migratorias, la mayor baja desde la Gran Recesión.
Entre marzo y julio, la agricultura perdió 155,000 empleos, en contraste con un crecimiento de 2.2% el año anterior, lo que impulsó al alza los precios de frutas, verduras y carne. El empleo en la construcción en estados con alta población inmigrante prácticamente se estancó, con un crecimiento de apenas 0.1%, frente al 1.9% en el resto del país.
Especialistas en salud mental advirtieron un aumento de las brechas, al señalar que las políticas intensificaron traumas, separaciones familiares y obstáculos para acceder a atención. Un estudio de la Universidad de California en Davis vinculó el reforzamiento de la vigilancia estadounidense con un repunte de la violencia de los cárteles en rutas de tráfico de personas, poniendo en riesgo a migrantes en al menos 23 ciudades mexicanas.
La opinión pública reflejó estas divisiones. El 62% de los votantes inmigrantes aprobó la gestión de la seguridad fronteriza, pero el 52% desaprobó la política migratoria en general. En California, el 71% rechazó el desempeño de ICE y el 61% se manifestó en contra de deportaciones masivas.
Relación tensa con México
La relación entre Estados Unidos y México osciló entre la cooperación y el desencuentro. México aceptó a todas las personas deportadas, incluidas aquellas de terceros países, y reforzó el apoyo consular a su diáspora. En febrero, ambos países extraditaron a 29 integrantes de cárteles para enfrentar juicios en Estados Unidos.
No obstante, las amenazas arancelarias de Trump y sus propuestas de enviar tropas estadounidenses a México para combatir al crimen organizado provocaron críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien evocó episodios históricos de intervenciones extranjeras. México priorizó la defensa de los dreamers y de residentes de larga estancia, y se opuso a metas amplias de deportación.
El comercio bilateral superó los 800,000 millones de dólares, y el turismo mexicano hacia Estados Unidos aumentó pese al alza en las tarifas de visa, que alcanzaron los 435 dólares, y a nuevos requisitos de revisión de redes sociales. Programas como Sembrando Oportunidades se ampliaron para atender las causas de la migración en Centroamérica, beneficiando a 3,300 agricultores y jóvenes.
Desde agosto, el Departamento de Estado mantuvo una alerta de viaje de Nivel 2 para México, citando riesgos vinculados al crimen organizado, intensificados por las políticas estadounidenses.
Una frontera transformada, retos por delante
Al cierre de 2025, la frontera sur se presenta como la más controlada en la historia de la CBP, con un promedio diario de 258 detenciones, menos de una por hora. Por primera vez desde 2014, las deportaciones superaron a las detenciones en la frontera, inicialmente enfocadas en personas con antecedentes criminales, pero ampliadas luego a residentes de larga duración.
Sin embargo, los costos humanos y económicos evidencian asuntos pendientes. La escasez de mano de obra amenaza el crecimiento de sectores clave, mientras el temor persiste en familias con estatus migratorio mixto. Con tasas de natalidad en mínimos históricos, especialistas advierten que una caída sostenida podría afectar la estabilidad demográfica sin vías legales de migración.
De cara a 2026, los gobiernos de Estados Unidos y México enfrentan un punto de inflexión: cómo equilibrar la seguridad con las necesidades humanitarias, la interdependencia económica y la demanda regional de trabajadores. Por ahora, una frontera entre Estados Unidos y México más silenciosa oculta transformaciones profundas que están redefiniendo la vida a ambos lados de la línea divisoria.
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