Publicado por el Instituto Hispano de Asuntos Sociales en Phoenix, Arizona
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| MÉXICO |
| Por Gabriel Nuñez Palencia | Junio 11, 2012 |
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Ciudad de México - La Videocracia puede ser entendida como el uso absurdo de los Medios
Electrónicos de Comunicación (MEC) —léase: radio, TV., telefonía inteligente e internet en
general— para uso propagandístico según los intereses del gobierno en turno, de partidos
políticos y de grupos de presión. La intención es gobernar más a través de la transmisión de
propaganda por los MEC que por la realización de logros concretos de gobierno y política
social.
Se asume el control de la sociedad por medio de los MEC, alimentando una “democracia
vacía” por medio de voceros orgánicos del sistema y propiciando una atrofia del
entendimiento en materia política y de cultura social.
En una sociedad de mercado se aprovecha el legajo de técnicas publicitarias y de
mercadotecnia en spots con frases breves y atractivas de primer impacto que influyan en la
acción ciudadana y la preferencia electoral.
El objetivo es mediatizar la política en los MEC, en el contexto de una sociedad con
necesidades de desarrollo social no resueltas. En consecuencia “El Videogobierno” designa
grandes sumas de dinero a estos fines, por ejemplo para las próximas elecciones
presidenciales, el Poder Ejecutivo prevé gastar $2,108.50 millones de pesos en
Comunicación Social y Publicidad. Sin embargo, en lugar de que el gobierno eduque e
informe a la ciudadanía sobre deberes y derechos, se desvían estos recursos en pro a la
Videocracia.
Dentro de este contexto mediático, observamos que, si bien la Constitución Política Mexicana
establece el derecho a la información como la garantía de los ciudadanos para el acceso a la
información pública gubernamental, paradójicamente, aún no se ha legislado la obligación
del gobierno de comunicar a la ciudadanía información veraz, oportuna y de calidad que
represente una sólida base para la toma de decisiones y el ejercicio pleno de sus derechos
(Esteinou: 2005).
En consecuencia, México se encuentra inmerso en la era de la “videogobernabilidad
mediática”, que ha provocado el uso y abuso de los MEC con fines de legitimación y
propaganda política, lo que representa un riesgo para el desarrollo de una democracia más
madura en el país.
La Videocracia busca adeptos y no le importa la cultura y la educación ciudadana. Esta
estrategia informativa “transformó al Gobierno Federal en una gigantesca maquinaria de
mercadeo y a la Presidencia de la República en una agencia de publicidad cuyo principal
logro fue la de convertir en política de Estado aquella prescripción de Maquiavelo que afirma:
“gobernar es hacer creer” (Esteinou: 2005).
Electrónicos de Comunicación (MEC) —léase: radio, TV., telefonía inteligente e internet en
general— para uso propagandístico según los intereses del gobierno en turno, de partidos
políticos y de grupos de presión. La intención es gobernar más a través de la transmisión de
propaganda por los MEC que por la realización de logros concretos de gobierno y política
social.
Se asume el control de la sociedad por medio de los MEC, alimentando una “democracia
vacía” por medio de voceros orgánicos del sistema y propiciando una atrofia del
entendimiento en materia política y de cultura social.
En una sociedad de mercado se aprovecha el legajo de técnicas publicitarias y de
mercadotecnia en spots con frases breves y atractivas de primer impacto que influyan en la
acción ciudadana y la preferencia electoral.
El objetivo es mediatizar la política en los MEC, en el contexto de una sociedad con
necesidades de desarrollo social no resueltas. En consecuencia “El Videogobierno” designa
grandes sumas de dinero a estos fines, por ejemplo para las próximas elecciones
presidenciales, el Poder Ejecutivo prevé gastar $2,108.50 millones de pesos en
Comunicación Social y Publicidad. Sin embargo, en lugar de que el gobierno eduque e
informe a la ciudadanía sobre deberes y derechos, se desvían estos recursos en pro a la
Videocracia.
Dentro de este contexto mediático, observamos que, si bien la Constitución Política Mexicana
establece el derecho a la información como la garantía de los ciudadanos para el acceso a la
información pública gubernamental, paradójicamente, aún no se ha legislado la obligación
del gobierno de comunicar a la ciudadanía información veraz, oportuna y de calidad que
represente una sólida base para la toma de decisiones y el ejercicio pleno de sus derechos
(Esteinou: 2005).
En consecuencia, México se encuentra inmerso en la era de la “videogobernabilidad
mediática”, que ha provocado el uso y abuso de los MEC con fines de legitimación y
propaganda política, lo que representa un riesgo para el desarrollo de una democracia más
madura en el país.
La Videocracia busca adeptos y no le importa la cultura y la educación ciudadana. Esta
estrategia informativa “transformó al Gobierno Federal en una gigantesca maquinaria de
mercadeo y a la Presidencia de la República en una agencia de publicidad cuyo principal
logro fue la de convertir en política de Estado aquella prescripción de Maquiavelo que afirma:
“gobernar es hacer creer” (Esteinou: 2005).
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