Oaxaca en llamas: Memoria de un conflicto – 3

Oaxaca en llamas: Memoria de un conflicto – 3

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La represión de la policía en contra del movimiento magisterial en Oaxaca fue utilizada como propaganda en contra del gobierno de Ulises Ruiz, como lo muestra este póster popular.
La represión de la policía en contra del movimiento magisterial en Oaxaca fue utilizada como propaganda en contra del gobierno de Ulises Ruiz, como lo muestra este póster popular.

Meses antes de la entrada de las fuerzas federales, Flavio Sosa Villavicencio, activista oaxaqueño, líder la organización llamada Nueva Izquierda de Oaxaca, miembro de la APPO, y quien se había involucrado en el conflicto magisterial desde su comienzo, era ya uno de los integrantes más visibles del movimiento. Su rostro era plenamente identificado con la dirigencia de la APPO. A causa de su militancia, su oficina en Oaxaca fue incendiada el 26 de noviembre, al tiempo que su hermano Eric fue detenido y enviado a una prisión en el estado de Tamaulipas. Tres días después de la toma de protesta del nuevo presidente Felipe Calderón, el 4 de diciembre, Flavio Sosa se encontraba en la Ciudad de México, a donde había acudido a dar una conferencia de prensa sobre la represión en Oaxaca. Al salir del Centro Nacional de Comunicación Social, se le aplicó una orden de detención en su contra acusado de los delitos de robo específico, robo calificado con violencia, daños dolosos, daños en propiedad ajena, lesiones, secuestro, lesiones calificadas, sedición e incitación a la violencia Junto con él, fueron arrestados también dos de sus hermanos, Horacio e Ignacio Sosa, así como a Marcelino Coache, otro afiliado de la APPO.

Flavio Sosa declaró no ser el líder principal de la APPO, arguyendo que la dirigencia de la organización consiste de un liderazgo a nivel miembros, y no en un sólo individuo. El diario “El Universal” de México, había informado que el 30 de noviembre, cuatro días antes de su arresto, Flavio se había rasurado la barba y escondido su larga cabellera dentro de una gorra, para tratar de ocultarse y así poder salir de Oaxaca rumbo a la Ciudad de México, para lo cual también se transportó en diferentes vehículos. Ante el cambio de gobierno efectuado el 1 de diciembre, varios dirigentes de la APPO dieron a conocer que estaban reiniciando las negociaciones con los nuevos funcionarios de Secretaría de Gobernación. Su demanda era la misma: exigir la desaparición de poderes, la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y la liberación de los miembros arrestados de su movimiento.

Después de que las fuerzas federales tomaron el control de la ciudad de Oaxaca, muchos de los daños causados durante los seis meses se hicieron más evidentes. Vestigios de los incendios, grafiti sobre paredes de edificios gubernamentales y otras estructuras de valor cultural e histórico, estragos como decenas de autobuses y autos quemados, quedaron como testimonio del movimiento magisterial. Los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial Federal, el famoso Teatro Juárez, y la sede de la Secretaría de Turismo, también habían sido incendiados. Otras estructuras dañadas fueron las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de Sociología de la Universidad, y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad. El hotel Camino Real y otras dos casonas sufrieron por igual daños causados con bombas molotov. Todo lo anterior sin contar el sinnúmero de saqueos a propiedades públicas y privadas.

Por otro lado, el precio en materia económica que Oaxaca ha pagado por el conflicto magisterial, se vio más reflejado en la industria del turismo. Se estima que se perdieron grandes cantidades de divisas normalmente generadas por turistas nacionales e internacionales. El 18 de enero del 2007, el gobierno de los Estados Unidos bajó el nivel de alerta para viajar a Oaxaca, recomendado a sus ciudadanos “ser cautos”, reemplazando así la advertencia emitida durante el conflicto, de evitar del todo viajar a ese estado. En materia educativa, más de un millón de estudiantes fueron perjudicados sin recibir enseñanza por más de medio año. Irónicamente, y a pesar de la percepción del movimiento como lucha del pueblo, un gran número de padres de familia cuyos hijos asisten a las escuelas públicas, consideraron que se vieron afectados negativamente por la huelga.

Muchos ciudadanos oaxaqueños no están de acuerdo con las peticiones de los trabajadores de la educación, argumentando que el gremio de los maestros es uno de los que gozan de más beneficios, mismos que otros empleados públicos carecen. Estos padres de estudiantes objetan que los docentes exigen aumentos salariales anualmente, más tiempo de vacaciones, e incrementos a su aguinaldo (gratificación de dinero al fin de año) mientras demandan, a su vez, menos días trabajo. Muchos padres de familia y algunos maestros jubilados optaron por matricular a sus hijos en escuelas de otros estados contiguos, o por impartir la educación en casa. Durante el conflicto, padres de familia pertenecientes al movimiento de la APPO llegaron al extremo de soldar las entradas de las escuelas para impedir que los estudiantes pudieran regresar a clases. La gran mayoría de las escuelas en Oaxaca fueron reabiertas paulatinamente a mediados del mes de noviembre; Oaxaca iría recuperando gradualmente la normalidad.

Un poster de propaganda de la APPO que llama al movimiento magisterial a continuar la lucha y a la solidaridad. Cartel anónimo
Un poster de propaganda de la APPO que llama al movimiento magisterial a continuar la lucha y a la solidaridad. Cartel anónimo

A principios del 2007, la APPO continúa exigiendo la salida de Ulises Ruiz, pero mucho de su activismo se ha centrado en denunciar las detenciones de muchos de sus dirigentes, así como en demandar la liberación de sus miembros arrestados durante el conflicto y después de él. Asimismo, la Asamblea efectuó una marcha el 17 de enero, en la cual participaron activistas de organizaciones de derechos humanos, sociales, indígenas, estudiantiles, así como de miembros de la Sección 22. La manifestación tuvo el propósito de confirmar que el Consejo Popular seguirá luchando hasta que el gobernador oaxaqueño sea removido. En un comunicado, la APPO estableció que al final del mitin, tres activistas fueron detenidos, por lo cual ampliarán sus protestas con el fin que se respeten las garantías individuales y cese la represión que asegura el gobierno lleva en contra de quienes componen su Asamblea.

La administración de Ulises Ruiz no ha cedido a las demandas originales del pliego petitorio presentado en mayo del 2006, postura que desencadenó una de las peores crisis del pueblo oaxaqueño, y que dio pie al surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Viene de la Página 2  |  Página 1 →

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