Oaxaca en llamas: Memoria de un conflicto – 2

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Las consecuencias inmediatas del conflicto entre gobierno y trabajadores de la educación, fueron el recrudecimiento de las protestas. Los choques entre la policía y los manifestantes se tornaron violentos. Foto: APPO
Las consecuencias inmediatas del conflicto entre gobierno y trabajadores de la educación, fueron el recrudecimiento de las protestas. Los choques entre la policía y los manifestantes se tornaron violentos. Foto: APPO

Para el mes de septiembre, el conflicto magisterial había bien ya trascendido de la esfera local y estatal al ámbito nacional, y en la medida en que intensificaban los enfrentamientos, las hostilidades obtenían la atención de la prensa mundial. Las movilizaciones multitudinarias también se trasladaron a la Ciudad de México, efectuándose una marcha, llamada “marcha-caminata por la dignidad de los pueblos de Oaxaca”, la cual partió el 21 de septiembre de ese estado, y arribó a las inmediaciones del Senado de la República el 9 de octubre. Los hechos de violencia en Oaxaca continuaron, y ante la creciente presión por su destitución, el gobernador Ulises Ruiz amenazó a los disidentes con rescindirles su contrato. Por otra parte, un paro laboral solicitado por la iniciativa privada no tuvo éxito, ante la baja participación del sector comercial.

Después de varios fracasos en las negociaciones entre líderes de la APPO y funcionarios del Gobierno Federal y el de Oaxaca, el 26 de octubre se logró mediante el diálogo, un acuerdo tentativo entre la APPO y la Sección 22 del SNTE, para que las clases en las escuelas se reanudaran después de cinco meses de huelga. Dentro del contexto del conflicto, ya existía un descontento generalizado por la inhabilidad del magisterio para terminar con el paro escolar. Sin embargo, a causa de la intensidad y del grado de violencia al que se llegó en Oaxaca, el plan de dar inicio a las clases se abortó. El 27 de octubre, el conflicto social ascendería a su índice más violento desde su inicio en el mes de mayo, arrojando el trágico saldo de cuatro personas asesinadas, entre ellos el reportero y camarógrafo del Centro de Medios Independientes, el norteamericano Bradley Rolland Will, así como un miembro del magisterio, el maestro Emilio Alonso Fabián. Ambos recibieron impactos de balas. Los hechos ocurrieron en la Colonia Calicanto del Municipio de Santa Lucía del Camino.

La turbadora realidad de la violencia se hizo patente cuando el video captado por el mismo Brad Will -en el cual se grabaron los acontecimientos previos así como el momento preciso en que es impactado- fuera difundido por la televisión y en Internet. El tiroteo, atribuido a francotiradores siguiendo órdenes del gobierno de Ulises Ruiz, sucedió en un área en donde la APPO había colocado una barricada. Después de grabar algunos testimonios, el camarógrafo estadounidense logró captar escenas en las que se ve a un grupo de hombres disparando. El audio del video registra a Brad previniendo a los manifestantes acerca de un individuo de camisa blanca que está disparando. Docenas de personas −en su mayoría jóvenes y adolescentes− caminan por las calles armados con piedras, machetes, palos, tubos, y resorteras, mientras fuertes disparos de armas de fuego continúan escuchándose.

El reportero de medios independientes siguió a un grupo de jóvenes, algunos con los rostros cubiertos con paliacates y con mochila sobre sus espaldas, quienes arrojaban piedras en dirección de donde suponía se encontraban los francotiradores, y al notar que estos entran a una casa, varios de ellos patean y golpean la puerta metálica para abrirla sin lograrlo. Minutos más tarde, un camión rojo de volteo es manejado en reversa por la calle, el cual es usado para derribar la puerta, chocándolo contra la casa en donde se cree se parapetaban los francotiradores. Pocos minutos después, se escucha el grito de dolor de Brad Will cuando es impactado por una bala en la boca del estómago. Su cámara continuó grabando automáticamente los momentos posteriores al caos que se desata cuando varias personas tratan de ayudarlo, mientras se continúan oyendo fuertes disparos. La noticia de la muerte del ciudadano estadounidense se propagó internacionalmente, causando la intervención del gobierno federal.

El 29 de octubre, dos días después del tiroteo, la Policía Federal Preventiva (PFP) entró a Oaxaca mediante el uso de tanquetas antimotines. Abriéndose paso a las entradas de la plaza principal de la ciudad, el Zócalo, los escuadrones policíacos se posicionaron paulatinamente en las calles y áreas ocupadas por la APPO. Al perder el control de la zona, los miembros de la Asamblea se replegaron a las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Aunque el reporte oficial del gobierno informó que el operativo federal para retomar el Zócalo no arrojó muertos, José Luís Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reveló en un reporte inicial que aparentemente dos personas habían perdido la vida durante el avance de la policía y el repliegue los manifestantes.

La ofensiva de los policías se basó en la utilización de toletes, granadas de gas lacrimógeno, y chorros de agua a presión disparados desde las tanquetas, mientras que los simpatizantes de la APPO trataban de repeler la avanzada lanzando bombas molotov y piedras. La remoción de las barricadas abrió el centro de la ciudad, pero causó que miembros de la APPO procedieran a la quema de autobuses y otros vehículos e inmuebles. El saldo del enfrentamiento fue de varios heridos en ambos bandos, así como la detención de aproximadamente cincuenta manifestantes. Un sector de la ciudadanía expresó su aprobación a la intervención de las fuerzas federales.

Poster de propaganda en contra de la APPO y sus miembros. Cartel anónimo
Poster de propaganda en contra de la APPO y sus miembros. Cartel anónimo

Hacia mediados del mes de noviembre, informes de la APPO indicaban que como consecuencia de los choques con la Policía Federal, diecisiete personas habían sido asesinadas, y se había detenido aproximadamente a cuarenta militantes. Durante ese mes, los choques violentos entre miembros de la APPO y la PFP continuaron, pero el día 29, la operación del gobierno federal logró retirar los vehículos usados para bloquear las arterias de tránsito y otras barreras que obstaculizaban puntos de entrada a la ciudad y que limitaban el acceso en instalaciones como las de Radio Universidad. Las autoridades realizaron también la limpieza de las calles para restaurar el tránsito vehicular y de peatones, y restablecer el orden público.

Semanas antes, durante los días 10, 11, y 12 del mismo mes, la APPO había llevado a cabo su congreso constitutivo, contando con la asistencia de aproximadamente 600 delegados, para buscar constituir formalmente su organización y aprobar sus “estatutos, principios, programa y propósitos para asegurar la continuidad de la lucha popular, dar orden y certidumbre a las actividades del Movimiento Popular Oaxaqueño”. La APPO instó a “defender los espacios de la lucha política pacífica de masas, espacios que el pueblo de Oaxaca y de México ha conquistado a lo largo de su historia”,(citas tomadas de la Convocatoria del Congreso Constitutivo de la APPO). → Continúa en la Página 3  |  Viene de la Página 1

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