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Trump planea deportar rápidamente a más inmigrantes sin que vean a un juez

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Bajo el gobierno de Trump, un mayor número de indocumentados pudiera ser sujeto a una ley que permite removerlos de Estados Unidos expeditamente y sin poder presentarse ante un juez de inmigración. Foto: Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

Las nuevas directivas de inmigración anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) este martes incluyen un uso expandido de una ley para deportar a indocumentados de manera rápida.

Dicha ley fue aprobada por el Congreso estadounidense hace 20 años, y se aplica a personas que ingresaron al país y que han estado en él poco tiempo, sin permitirles hacer una comparecencia ante un juez de inmigración para presentar su caso.

Anteriormente el gobierno ha aplicado este proceso, conocido como “remoción acelerada”, en una escala limitada. El relativo uso de esta ley se debe a que el gobierno quiere evitar incurrir violaciones de los derechos constitucionales del debido proceso, que se le otorgan a cualquier persona que ingresa al país, sin importar su estatus migratorio.

Esta deportación acelerada ha sido aplicada solamente a aquellos inmigrantes que han estado en el país menos de dos semanas, y que fueron arrestados dentro de un perímetro de 100 millas de la frontera.

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dictaminado que debido al tiempo de estancia y la distancia de la frontera, a estos inmigrantes todavía se les puede considerar migrantes “en tránsito”, debido a que no cuentan con el tiempo suficiente para beneficiarse de la protección constitucional del debido proceso.

El cambio a la aplicación de esta política bajo el plan migratorio de Trump se basa en que la “deportación acelerada” o rápida será aplicada tan extensamente como la ley lo permita.

Esto puede implicar que inmigrantes que ha vivido en el país por un tiempo considerable y que sean detenidos en lugares donde la distancia de la frontera sea mayor a las 100 millas estipuladas podrían ser sujetos a una deportación expedita sin poder presentarse ante un juez.

Supuestamente, el cambio en la ejecución de esta ley se debe a que el uso limitado previo de esta política ha resultado en un rezago de más de medio millón de casos en los juzgados de inmigración.


Aviso y descargo de responsabilidad: Este es solamente un artículo informativo o de opinión y NO representa ni pretende dar asesoría legal, ni sustituye los servicios de un abogado especializado en inmigración. Barriozona.com sugiere enfáticamente la asesoría de un abogado titulado y autorizado para ejercer el Derecho por las leyes de Estados Unidos.

Política de inmigración de Trump da fin a práctica de ‘arresto y liberación” de indocumentados

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El gobierno de Donald Trump dejará de permitir que quienes ingresen a Estados Unidos sin documentos permanezcan en el país en espera del trámite de su solicitud de asilo. A esta práctica se le conoce como “arresto y liberación”. Foto: Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
El gobierno de Donald Trump dejará de permitir que quienes ingresen a Estados Unidos sin documentos permanezcan en el país en espera del trámite de su solicitud de asilo. A esta práctica se le conoce como “arresto y liberación”. Foto: Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

Terminar con la práctica de arresto y liberación fue uno de los diez puntos del plan de inmigración de Donald Trump propuesto tras su elección.

Durante el gobierno del expresidente Obama, personas que buscaban entrar a Estados Unidos sin documentos y eran detenidas al cruzar la frontera, posteriormente eran puestas en libertad en mientras se tramitaban sus solicitudes de asilo. Dichos trámites por lo regular podían durar varios años.

Sin embargo, la mayoría de las solicitudes de asilo eran rechazadas, pero debido al tiempo de espera del proceso, el solicitante había permanecido viviendo en el país y más tarde no se le podía localizar con facilidad para deportarlo.

En cambio, las directrices bajo el gobierno de Trump están poniendo fin a esta práctica, conocida como la política de “arresto y liberación” (del inglés catch and release).

Esta práctica de liberar a los inmigrantes sin documentos mientras se procesaba su solicitud de asilo comenzó en parte debido a que el gobierno carece de instalaciones suficientes para encarcelar temporalmente a los detenidos.

Uno de los memorandos de inmigración del DHS publicado este martes obliga a los funcionarios a ampliar los centros de detención, pero se estima que el tiempo para expandir la capacidad de la infraestructura carcelaria para los indocumentados tomará largo tiempo.

Como alternativa, el memorando contempla hacer esperar a los solicitantes fuera del país, en México, mientras se lleva a cabo su trámite de inmigración.

Esto aplicaría incluso a aquellas personas de emigraron de otros países, no solamente a los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, las leyes de migratorias de México no permiten la deportación a su territorio de quienes no son ciudadanos.


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¿Quién puede ser deportado de EU.UU. bajo las nuevas directrices de inmigración?

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Sebastián Medina Cuabras, un mexicano buscado por secuestro en Sinaloa, México, siendo deportado por agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos Foto: ICE
Sebastián Medina Cuabras, un mexicano buscado por secuestro en Sinaloa, México, siendo deportado por agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos Foto: ICE

Durante el gobierno del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, parte de su política de inmigración se basó en acciones ejecutivas, y no en la aprobación de leyes nacionales por el Congreso de este país.

Tras el cambio de poderes en la Casa Blanca, las acciones ejecutivas continúan abordando el tema de la inmigración ilegal a EE.UU.

La orden ejecutiva en materia de inmigración del presidente Donald Trump el 25 de enero, así como un par de memorandos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este martes representan una enérgica ofensiva para los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.

Las nuevas políticas han causado alarma entre la población sin estatus legal en el país. Las siguientes preguntas y respuestas buscan pueden contribuir a entender los nuevos cambios en materia migratoria.

¿A quiénes pueden afectar las deportaciones que proyecta el DHS?

Las nuevas directrices del gobierno de Trump no harán acepción de las clases o categorías de extranjeros sujetos a una posible deportación. Esto significa un giro a la política del gobierno del expresidente Barack Obama emitida en 2014. Obama creó pautas para la deportación de inmigrantes sin documentos legales en base a prioridades.

Durante el gobierno de Obama, la más alta prioridad de deportación fue aplicada a pandilleros, criminales e individuos que representaban amenazas a la seguridad del país.

Se estima que durante el gobierno de Obama, unos 2.5 millones de indocumentados fueron deportados.

Bajo el gobierno de Trump, ahora los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrán detener y sacar del país a cualquier persona acusada o culpable de cualquier delito, así como a cualquier indocumentado a quien ya se le haya expedido una orden de deportación, sin importar que tenga o no antecedentes penales.

Esto es posible que afecte a cualquier persona que vive ilegalmente en el país, sin importar tampoco el tiempo que tenga residiendo en EE.UU.


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Deportaciones procederían por política migratoria imprecisa de Trump

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Un grupo de personas participa en una protesta contra la política de inmigración del presidente estadounidense Donald Trump, y las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el 11 de febrero de 2017. Foto: Stephanie Keith | REUTERS
Un grupo de personas participa en una protesta contra la política de inmigración del presidente estadounidense Donald Trump, y las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el 11 de febrero de 2017. Foto: Stephanie Keith | REUTERS

(Phoenix, Arizona) –– La deportación de una mujer mexicana efectuada en Phoenix, Arizona, pudiera ser una señal para los millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos de lo que les pudiera esperar durante los próximos cuatro años de gobierno de Donald Trump.

Guadalupe García de Rayos, de 35 años, fue deportada súbitamente este martes 8 de febrero tras una cita de rutina en las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Phoenix. La mujer es madre de dos hijos y ha vivido sin estatus legal desde su llegada a Estados Unidos, hace 21 años.

La situación migratoria de García de Rayos comenzó a complicarse en 2008, cuando agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MSCO por sus siglas en inglés) llevaron a cabo una redada en su lugar de trabajo. De empleada pasó a ser detenida de ICE por usar un número de seguro social perteneciente a otra persona. Posteriormente, la mujer sería declarada culpable de un delito grave Clase 6, con base a las leyes de EE.UU.

Desde su arresto, García de Rayos fue requerida por ICE de comparecer a entrevistas regulares. Su más reciente cita le resultaría contraproducente, ya que fue puesta bajo arresto, y el 9 de febrero fue deportada a la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, en México.

La mujer tenía 14 años de edad cuando cruzó ilegalmente la frontera en Nogales, Arizona. Más tarde contrajo matrimonio en Phoenix, en donde procreó dos hijos, en la actualidad adolescentes. Al tiempo de su arresto durante la redada de inmigración estaba empleada en un parque de diversión llamado Golfland Sunsplash, ubicado en la ciudad de Mesa, al este de Phoenix.

Su arresto ocurrió en el contexto de las nefastas redadas de inmigración realizadas en 2008 por el ex alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio.

Reportes indican que García de Rayos obtuvo ese trabajo valiéndose del número de seguro social ajeno. Tras su arresto, después de ser culpable de un delito grave, pasó seis meses en una cárcel de inmigración.

Después, la mujer tenía una orden de deportación abierta, lo que significaba que ICE podía devolverla a México en cualquier momento. Por qué ICE no ejecutó la deportación de García de Rayos hasta esta semana, después de ocho años de su arresto, es una interrogante.

La respuesta a esta pregunta pudiera tener que ver simplemente con el cambio de poder ejecutivo en la Casa Blanca. Su repentina deportación está siendo interpretada por defensores de los inmigrantes indocumentados como “la primera” bajo las nuevas políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, según informes del gobierno federal, cientos de arrestos de indocumentados se estuvieron ejecutando desde el lunes 6 de febrero, antes del arresto de García de Rayos.

Trump y su orden ejecutiva de inmigración
Tras su toma de protesta en enero, Trump firmó una orden ejecutiva de inmigración que ampliaba extensamente el criterio sobre a quiénes Estados Unidos considera una prioridad de deportación, incluyendo obviamente a quienes tienen antecedentes penales.

Según el gobierno de Trump, los cambios en la política de inmigración obedecen a la necesidad de hacer más seguro a Estados Unidos, expulsando a indocumentados que han sido condenados de crímenes.

Sin embargo, fue precisamente durante el gobierno del presidente Obama que se crearon niveles de prioridades de deportación. Sin olvidar también que Obama deportó a más personas que ningún otro presidente —una cifra estimada de 2.5 millones de deportaciones.

La política de Obama también priorizó a quien deportó, centrándose en aquellas personas culpables de crímenes.

El plan de Obama creó tres categorías de delitos sujetos a la deportación. La primera: delincuentes violentos y personas aprehendidas en la frontera; la segunda: indocumentados con múltiples delitos menores, delitos como manejar un vehículo bajo la influencia del alcohol y cargos por abuso doméstico, así como también personas que habían llegado a EE.UU. recientemente; la tercera: individuos que habían ingresado a EE.UU. antes de 2014 y que habían sido acusados de delitos no violentos.

Sin embargo, la política impuesta por Obama dejó la aplicación de la misma al criterio de ICE. Al parecer, durante ocho años García de Rayos no fue deportada por encontrarse dentro de la categoría de deportación de prioridad más baja.

Política de deportación de Trump es imprecisa
Abogados especializados en la ley de inmigración de EE.UU. están tratando de comprender la orden del Trump, principalmente debido a un lenguaje impreciso, probablemente redactado intencionalmente.

En la orden ejecutiva de Trump, el texto señala que cualquier inmigrante no autorizado en el país que haya sido condenado por cualquier crimen puede ser sujeto a una deportación. La orden no hace ninguna distinción entre diferentes tipos de crímenes. En otras palabras, la nueva normativa de Trump puede potencialmente deportar a un indocumentado por asesinato lo mismo que a uno que sea detenido inicialmente por cometer una infracción de tránsito.

Uno de los términos más discutidos contendidos en la orden ejecutiva de Trump es una frase que en la práctica hace que los actos que puedan “constituir un delito penal imputable” ameriten una deportación.

Lo anterior se ha interpretado en el sentido de que un inmigrante no tiene que ser condenado por un crimen, ni siquiera tiene que ser acusado de un crimen; sólo es necesario que probablemente haya cometido uno.

Abogados de inmigración opinan que esto probablemente se podrá utilizar para deportar a cualquier persona que cruzó la frontera fuera de un puesto de control migratorio. La distinción radica en si alguien permaneció después de la expiración de la fecha de su visa, o si la persona cruzó la frontera ilegalmente, sin visa.

Personas que ingresan a EE.UU. con pasaporte y visa, y luego permanecen en el país cuando la fecha de la visa caduca, son sometidas a revisiones de inmigración. Esto se debe también a que permanecer sin visa es una ofensa civil, lo cual sería un crimen sujeto a deportación.

Sin embargo, migrantes que hayan cruzado la frontera sin visa a través de puntos no autorizados de acceso en cualquier lugar de la frontera México-Estados Unidos, y por consiguiente evitando controles aduanales e inspecciones migratorias, habrían cometido un delito al entrar ilegalmente en el país.

Si los agentes de ICE pueden obtener una admisión por parte un inmigrante en el sentido de haber cruzado ilegalmente, dicha declaración podría ser tomada como un “delito penal imputable”, y por lo tanto un delito que ameritaría una deportación.


Aviso y descargo de responsabilidad: Este es solamente un artículo informativo o de opinión y NO representa ni pretende dar asesoría legal, ni sustituye los servicios de un abogado especializado en inmigración. Barriozona.com sugiere enfáticamente la asesoría de un abogado titulado y autorizado para ejercer el Derecho por las leyes de Estados Unidos.

Redadas de inmigración preocupan a indocumentados sin antecedentes penales

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Oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizan una operación de represión selectiva en Atlanta, Georgia, EE.UU., el 9 de febrero de 2017. Foto: Cortesía de Bryan Cox/ICE distribuida a través de REUTERS
Oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizan una operación de represión selectiva en Atlanta, Georgia, EE.UU., el 9 de febrero de 2017. Foto: Cortesía de Bryan Cox/ICE distribuida a través de REUTERS

(Phoenix, Arizona) ––  Tras la ampliamente difundida noticia de la supuesta primera deportación de una mujer en Arizona ejecutada bajo los nuevos lineamientos en materia de inmigración en Estados Unidos, reportes de detenciones masivas de inmigrantes indocumentados fueron dados a conocer este viernes.

Autoridades de inmigración efectuaron cientos de arrestos de indocumentados en al menos seis estados del país. La serie de redadas de inmigración indicó lo que al parecer es la primera aplicación a gran escala de la orden ejecutiva de inmigración del presidente Donald Trump, firmada el 26 de enero, que busca deportar a personas sin estatus legal.

Las redadas, que según fuentes oficiales tuvieron como objetivo a criminales indocumentados, también resultaron en arrestos de algunos inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales. Las redadas al parecer se distinguieron de aquellas efectuadas durante el gobierno de Obama, las cuales tuvieron como objetivo arrestar y deportar a indocumentados que habían cometido crímenes.

Trump ha amenazado con deportar hasta tres millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. En enero, el mandatario estadounidense también dio un giro a la política del gobierno de Obama de priorizar la deportación de criminales convictos, ampliando así sustancialmente el alcance de a quiénes podrá deportar el Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo a aquellos indocumentados que han cometido delitos menores o sin haber cometido ninguno.

Tras los arrestos, funcionarios de inmigración confirmaron que esta semana agentes migratorios llevaron redadas en hogares y lugares de trabajo en Atlanta, Chicago, Nueva York, el área metropolitana de Los Ángeles, Carolina del Norte y Carolina del Sur, resultando en cientos de personas detenidas.

Dichas ciudades coinciden con un informe publicado esta semana acerca de las 20 áreas metropolitanas en donde se aglutina la mayoría de la población indocumentada de EE.UU.

Un alto funcionario federal, Gillian Christensen, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que las redadas formaban parte de acciones “rutinarias” de inmigración.

ICE no emplea el término “redadas”, pero afirma que el departamento está llevando a cabo “acciones de aplicación de la ley específicas”.

El funcionario afirmó que las redadas comenzaron el lunes y terminaron el viernes al mediodía, mismas que resultaron en la detención de inmigrantes indocumentados de una docena de países latinoamericanos.

“Estamos hablando de personas que son amenazas a la seguridad pública o una amenaza a la integridad del sistema de inmigración”, dijo Christensen, señalando que la mayoría de los detenidos eran criminales peligrosos, incluyendo algunos que habían sido condenados por asesinato y casos de violencia doméstica.

El hecho de que inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales hayan sido detenidos y potencialmente sean sujetos a una deportación tuvo una fuerte repercusión en comunidades de inmigrantes en todo el país, causando preocupaciones de que el gobierno de EE.UU. haya comenzado a deportar a personas indocumentadas sin antecedentes penales.

Organizaciones para la defensa de los indocumentados como la Coalición para los Derechos Humanos de Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA por sus siglas en inglés), están demandabdo un alto a las redadas.

Mediante un comunicado de prensa, CHIRLA afirmó que las redadas de inmigración de esta semana están directamente relacionadas con las nuevas normativas de migración del presidente Trump, y exigió a ICE que explique qué crimen cometieron los indocumentados detenidos que al parecer no tenían antecedentes penales.

Indocumentados se concentran en 20 zonas metropolitanas de EE.UU.

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La gran mayoría de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son atraídos por el imán de trabajos mejor renumerados. Un reporte indica que la población sin estatus legal se concentra principalmente en 20 zonas metropolitanas del país. Foto: Eduardo Barraza | Barriozona Magazine © 2017
La gran mayoría de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son atraídos por el imán de trabajos mejor renumerados. Un reporte indica que la población sin estatus legal se concentra principalmente en 20 zonas metropolitanas del país. Foto: Eduardo Barraza | Barriozona Magazine © 2017

(Phoenix, Arizona) — Las nuevas políticas de inmigración ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump podrían tener mayor efecto en las áreas metropolitanas de Nueva York, Los Ángeles y Houston, así como en otras 17 grandes zonas urbanas.

Casos como el de la mujer mexicana deportada súbitamente a México desde la ciudad de Phoenix, Arizona el 8 de febrero pudieran verse ampliamente multiplicados en las 20 zonas metropolitanas de Estados Unidos con las mayores poblaciones de inmigrantes indocumentados.

Datos gubernamentales analizados por el Centro de Investigación Pew revelan que la mayoría de la cifra estimada de 11.1 millones de inmigrantes que viven en el país sin estatus legal se concentra en 20 áreas metropolitanas.

Las zonas de Nueva York, Los Ángeles y Houston encabezan la lista en donde también figuran las áreas de Dallas, Miami, Chicago, Washington, DC, Atlanta, Riverside y Phoenix.

Casos como el de Guadalupe García de Rayos, la mujer mexicana que fue detenida y deportada este miércoles durante una cita de inmigración de rutina en las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Phoenix, pudieran presentarse por cientos de miles en algunas de las 20 zonas metropolitanas que aglutinan el grueso de la población indocumentada que vive en EE.UU.

La zona de Nueva York encabeza la lista con una cifra estimada de un millón 150 indocumentados, seguida por Los Ángeles con un millón, y Houston con 575 mil inmigrantes sin estatus legal.

El reporte publicado por Pew muestra que la población de inmigrantes no autorizados está altamente concentrada en esas 20 zonas metropolitanas.

Con base al análisis demográfico, en 2014 estas 20 áreas metropolitanas fueron el sitio de residencia de 6.8 millones de indocumentados.

El análisis también indica que la población indocumentada de EE.UU. tiende a vivir donde viven otros inmigrantes.

Las lista de 20 la completan las áreas metropolitanas de San Francisco, Boston, San Diego, Las Vegas, Filadelfia, Seattle, Denver, San José, Orlando y Austin.

Estas 20 zonas en donde se concentran los indocumentados han sido, según el análisis del Centro de Investigación Pew, “notablemente consistentes durante la última década”.

La lista revela que Nueva York y California son los estados con en donde viven más personas sin estatus legal.

Entre las 20 principales áreas metropolitanas, sólo una ciudad para la cual se dispone de datos ―Phoenix― fue el sitio de residencia de la mayoría de los inmigrantes no autorizados en ese área metropolitana, con alrededor de 140 mil, de un total de 250 mil indocumentados que se estima viven en Arizona, según los datos del estudio.

Aumenta cifra de arrestos de la Patrulla Fronteriza en año fiscal 2016

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Luis Raúl Quiroz Góngora, alias
Luis Raúl Quiroz Góngora, alias "El Zorro", de 29 años, fue uno de los ciudadanos mexicanos deportados por las autoridades de inmigración de Estados Unidos durante el año fiscal 2016. Quiroz enfrentaba acusaciones de asesinato en Sonora, México, a donde fue regresado, después de cumplir una sentencia por cargos de narcotráfico en EE.UU. Foto: ICE

El flujo de inmigrantes proveniente de países de América Central hacia Estados Unidos resultó en un aumento en la cifra de detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza durante el año fiscal 2016.

Lo anterior se desprende de un informe dado a conocer esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por su siglas en ingles).

Durante el periodo que comprende el año fiscal 2016 –que concluyó el pasado 30 de septiembre– se registraron un total de 530 mil 250 aprehensiones a nivel nacional.

De dicha cifra, un total de 415 mil 816 detenciones fueron hechas en la frontera por parte de la Patrulla Fronteriza. La cantidad representa un aumento comparada con el total de detenciones efectuadas en el año fiscal 2015.

En su informe, el DHS indica que entre el primero de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, Estados Unidos removió del país a 450 mil 954 individuos.

Según la agencia federal, se dio prioridad a la salida de personas culpables de crímenes, a quienes representan amenazas a la seguridad pública, la seguridad fronteriza y la seguridad nacional.

La gran cantidad de ciudadanos centroamericanos –entre ellos muchos niños que emigran sin un acompañante adulto– que cruzaron la frontera México–EE.UU. fue un factor determinante en el aumento del 23 por ciento en las detenciones reportadas por la Patrulla Fronteriza.

El informe sostiene que los datos demográficos de la migración indocumentada en la frontera sur de EE.UU. han cambiado significativamente durante los últimos 15 años.

El cambio significa que muchos ciudadanos mexicanos y adultos solteros están tratando de cruzar la frontera sin contar con documentos legales, mientras que más familias y niños centroamericanos no acompañados están huyendo de la pobreza y la violencia en países como Guatemala, El Salvador y Honduras.

Jeh Johnson, titular del DHS, aclaró que si bien se registró un incremento en las aprensiones en la frontera en el periodo que abarca el reporte, las cifras en general han decrecido desde la década de 1980.

Piden reportar corrupción de agentes fronterizos de Estados Unidos

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Una imagen del video promocional de la campaña contra la corrupción de funcionarios fronterizos muestra a un agente hablando con el conductor de un auto que intenta entrar a Estados Unidos.
Una imagen del video promocional de la campaña contra la corrupción de funcionarios fronterizos muestra a un agente hablando con el conductor de un auto que intenta entrar a Estados Unidos.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos buscan concientizar al público sobre la corrupción de agentes fronterizos en la línea divisoria con México.

“No se haga de la vista gorda. Reporte la corrupción en las agencias fronterizas”, es lo que ambas agencias le están pidiendo al público cuando observe actos de corrupción o actividades sospechosas por parte de empleados públicos que trabajan en puntos de control fronterizo.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), casi un millón de veces al día los agentes fronterizos reciben a viajeros internacionales al país.

Casos como el del ex agente de la CBP Héctor Rodríguez, son ejemplos de corrupción que las personas pueden reportar llamando al FBI.

Uno de los pósters de la campaña “No se haga de la vista gorda. Reporte la corrupción en las agencias fronterizas”.
Uno de los pósters de la campaña “No se haga de la vista gorda. Reporte la corrupción en las agencias fronterizas”.

Rodríguez, quien estaba asignado al puerto de entrada de San Ysidro en San Diego, California, admitió a las autoridades que durante dos años aceptó sobornos de dinero en efectivo y artículos lujosos a cambio de dejar entrar a extranjeros indocumentados a EE.UU. que pasaban por su carril de inspección en la garita fronteriza.

El gobierno de EE.UU. considera a agentes como Rodríguez una seria amenaza potencial, ya que podrían dejar entrar al país a terroristas. El ex agente se declaró culpable de permitir el ingreso a extranjeros sin papeles al país a cambio de ganancias monetarias, relojes Rólex y un vehículo de lujo.

En 2013 Rodríguez recibió una sentencia de cinco años de prisión y tres años de libertad bajo supervisión.

La campaña para concientizar sobre la corrupción fronteriza se aplica en todos los puertos de ingreso a EE.UU. como cruces fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos.

Las ciudades en donde se está enfocando la campaña son Buffalo, Nueva York; Detroit, Michigan; El Paso y San Antonio, Texas; Fargo, Dakota del Norte; Los Ángeles y San Diego, California; Miami, Florida; Phoenix, Arizona; y Seattle, Washington.

Nota: este es un artículo informativo que no busca avalar la campaña del gobierno.


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Aprehensiones de migrantes en frontera EE.UU.-México aumentan considerablemente

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Un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en donde inmigrantes indocumentados son recluidos en espera de su deportación. Foto: U.S. Customs and Border Protection
Un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en donde inmigrantes indocumentados son recluidos en espera de su deportación. Foto: U.S. Customs and Border Protection

Phoenix, Arizona) –– La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) está dando a conocer cifras que indican un aumento considerable en el número de personas detenidas en los puertos de entrada al país.

Las cifras incluyen principalmente a familias y niños sin un acompañante adulto procedentes de América Central.

Los números publicados por CBP revelan un impresionante aumento en el flujo migratorio a lo largo de la frontera con México en lo que va del año fiscal 2017, que dio inicio el primero de octubre.

Según la agencia federal, durante el mes de noviembre, un total de 47,214 personas fueron aprehendidas entre los puertos de entrada a lo largo de frontera con México, mil detenciones más que en octubre (46,191) y más de 7,000 que en septiembre (39,501).

La cifra total de detenciones entre octubre y noviembre de este año es de 93,405.

La cantidad más alarmante es el número récord de niños no acompañados que se registró en noviembre, con 7,406 detenciones. En octubre, la cifra de detenciones de niños migrantes que viajan a EE.UU. solos fue de 6,722.

Entre ambos meses, la cifra ascendió a 14,128 niños sin acompañante que fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

Según CBP, el aumento ha llevado a la apertura de dos instalaciones temporales de detención en las poblaciones de Tornillo y Donna, en el estado Texas.

El área entre Tornillo (cerca de El Paso) y Donna (cerca de McAllen) es un tramo de más de 750 millas (1,200 kilómetros) que abarca prácticamente toda la frontera de Texas con México.

Cada uno de esos centros de detención provisionales puede albergar hasta a 500 detenidos, según CBP. Además, la agencia agregó temporalmente a 150 agentes en el Valle del Río Grande, Texas.

Texas es el punto más cercano de EE.UU. para quienes emigran desde Centro América a través de México.

México representa para los centroamericanos un país de tránsito forzado, aunque según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), muchos de ellos se quedan a vivir como asilados en el país.

La COMAR reportó recientemente un aumento en el número de centroamericanos que solicitan asilo en México, lo que puede coincidir con el alto número de detenciones de migrantes hechas por el gobierno de EE.UU., ya que muchos sólo buscan llegar a EE.UU.

Durante el año fiscal 2016 (Oct. 1, 2015 – Sep. 30, 2016) la Patrulla Fronteriza de EE.UU. aprehendió a 408,870 individuos a lo largo de la frontera con México.

En realidad, esa es una cifra menor que en el ejercicio fiscal de 2014, que alcanzó 479,371 cuando se registró la enorme oleada de migrantes provenientes de países de América Central.

Durante los últimos meses de 2016, las autoridades también reportan una cifra más alta de cubanos inadmisibles y haitianos que intentan entrar al país.

Más centroamericanos buscan asilo en México como escala a EE.UU.

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Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Texas procesan a inmigrantes indocumentados que trataron de ingresar a Estados Unidos. Foto: U.S. Customs and Border Protection
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Texas procesan a inmigrantes indocumentados que trataron de ingresar a Estados Unidos. Foto: U.S. Customs and Border Protection

México y Estados Unidos continuarán viendo un amento en el flujo migratorio de personas provenientes de Centroamérica.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reporta que cada mes recibe cerca del 10 por ciento más de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Según la agencia gubernamental, la cifra de centroamericanos que solicitan asilo en el país se duplicará al cierre de 2016, en comparación con el número de solicitudes registradas en 2015.

Esto proyecta, según la COMAR, un fuerte incremento en el número de personas que buscará asilo en México en 2017 provenientes de dichos países. En 2015, cerca de 3,500 centroamericanos solicitaron asilo, mientras que este año se estima que la cifra terminará en 8,000, aproximadamente.

De acuerdo a las proyecciones de COMAR, de mantenerse la tendencia de aumento del 9 por ciento en la cifra de solicitudes, México podría alcanzar más de 22,000 solicitantes de asilo al final de 2017.

Decenas de miles de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, muchos de ellos menores no acompañados por un familiar adulto, huyen de la violencia y la pobreza extremas en sus países, primero internándose en territorio mexicano, y posteriormente viajando a la frontera norte con EE.UU., país al que buscan ingresar ilegalmente o solicitando asilo.

La CONAR indica que el 72 por ciento de las solicitudes de asilo se han aceptado en 2016.

CONAR estima que muchos centroamericanos se quedan en México, pero que bajo el estatus de asilo que reciben muchos viajarán libremente a ciudades fronterizas con el fin de ingresar a EE.UU.

En octubre de este año, la Policía Federal de México localizó a 122 migrantes centroamericanos en el estado fronterizo de Tamaulipas. Según la CONAR, 69 migrantes procedentes de El Salvador, 50 de Guatemala y tres Honduras viajaban en vehículos en condiciones de hacinamiento y presentaban señales de asfixia. Todos intentaban cruzar la frontera hacia EE.UU.

Cifras del gobierno de EE.UU. indican que aproximadamente 410,000 centroamericanos fueron detenidos durante el año fiscal 2016. El año fiscal del gobierno federal de EE.UU. es el período de 12 meses que termina el 30 de septiembre de cada año, habiendo comenzado el 1 de octubre del año anterior.

La alta cifra de migrantes centroamericanos en tránsito por suelo mexicano ha derivado en un elevado número de desaparecidos, ya sea víctimas del tráfico humano y la violencia relacionada al narcotráfico, así como por accidentes en el trayecto, entre otras causas.

Recientemente, una caravana de madres centroamericanas recorrió varios estados de México y la capital buscando a sus familiares y llevaron sus casos a las autoridades locales en busca de ayuda para localizarlos.

En enero de 2016, EE.UU. dio inicio a redadas de inmigración de centroamericanos que habían evadido sus órdenes de deportación. Las detenciones obedecieron a una ofensiva en contra de personas que ingresaron ilegalmente al país durante la oleada de migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, que suscitó a partir de 2014.

Durante su campaña, el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump amenazó con llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados que se encuentren en EE.UU. durante su gobierno.

Tras su elección, su política en materia migratoria fue resumida en 10 objetivos. Uno de sus propósitos en este plan contempla negar visas de asilo a personas de países en donde no se pueda hacer una evaluación adecuada del solicitante, pero los países de Centroamérica no se mencionan explícitamente en dicho apartado.

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